El titular de la Coordinación de Comedores de Entre Ríos, Lautaro Azalini, calificó como “positiva” la intervención judicial en nuestra Ciudad

El funcionario provincial se refirió a las intervenciones policiales realizadas el pasado viernes, asegurando que la “valoración es positiva, sin duda alguna”. Explicó que la fiscal a cargo de la causa, Daniela Montangie, se comunicó con su área para informarles sobre la investigación, manteniendo contacto con el Fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, quien posee toda la documentación relevante. “Nosotros le remitimos todo”, afirmó Azalini.

Según el director de Comedores, los allanamientos “han sido producto del diálogo que tuvo la fiscal con el Fiscal de Estado”. Además, enfatizó la total disposición de su dirección para colaborar con la justicia, aportando “todo lo que haga falta para poder llegar a alguna conclusión, ya sea con la excoordinadora, con el proveedor que han allanado ayer y con todo lo que pueda surgir de la misma investigación”.

Azalini relató que la situación comenzó “hace dos meses atrás”, cuando detectaron la necesidad de “mejorar el trabajo en Concordia” y observaron “muchas cosas para apuntalar en la ciudad”. Esto llevó a que un equipo de la dirección se trasladara para trabajar con los equipos locales.

Como resultado de ese viaje, se elaboró un informe que arrojó “algunas conclusiones que, por lo menos, nos llamó la atención que había algunas cosas que podrían implicar un delito, pero que necesitaban una explicación más amplia que lo que estaba en ese informe”.

A raíz de estas sospechas, la coordinación provincial solicitó a Concordia que se separara “determinada documentación de determinadas escuelas” para un análisis más profundo. Sin embargo, en el lapso entre la solicitud y la entrega, “no había respuesta en Concordia”, con excusas constantes sobre la imposibilidad de envío de los papeles.

Ante la falta de cooperación y alertados por el diputado López sobre “determinadas situaciones que podrían llegar a ser graves”, Azalini relató que tomaron la decisión de “ir directamente a Concordia al otro día y traernos la documentación sin decir nada a nadie”. Esta intervención, a principios de junio, marcó el inicio de la “auditoría real de los comedores”.

Actualmente, Azalini estima que la cifra de irregularidades se encuentra “entre los 60 y los 100 millones, pero es más cercana a los 100 millones”. No obstante, aclaró que estos números son el resultado de una “primera revisión” y que la investigación continuará a cargo de la Fiscalía de Estado, quien “concluirá los montos finales”.

Respecto a la conducción del área en Concordia, Azalini confirmó que “hoy no hay nadie en reemplazo de Silvina Murúa”. Si bien se está evaluando un posible reemplazo, aclaró que “la función del coordinador no es clave ahora y sin coordinador, las cosas siguen funcionando con normalidad en los comedores”.

Finalmente, sobre los proveedores que podrían estar implicados, Azalini anticipó que “seguramente habrá más de uno que surja con el paso del tiempo”, señalando que la firma “Ahora Voy no sería la única”. Aseguró que “con el correr del tiempo se irán tomando medidas preventivas con otros tipos de proveedores”