En sintonía con las movilizaciones a nivel nacional, un grupo de ciudadanos y representantes de organizaciones de personas con discapacidad se reunió ayer martes en el microcentro de la ciudad para protestar de manera pacífica contra el reciente veto del presidente Javier Milei.
La protesta local consistió en una “sentada” en la plaza principal, con el objetivo de hacer visible la crítica situación que atraviesa el sector. Los organizadores expresaron que la iniciativa busca “decir basta al abandono” y lograr que el presidente tome conciencia de que “las personas con discapacidad necesitan que se respeten sus leyes para poder vivir”.
Esta manifestación en Concordia se replicó en diversas ciudades, mientras que a nivel nacional, en las inmediaciones del Congreso, la manifestación fue más tensa. Allí, la Policía Federal y Gendarmería activaron el protocolo antipiquetes, generando enfrentamientos con los manifestantes.
El veto se aplicó sobre una ley que había sido aprobada por unanimidad en ambas cámaras del Congreso. La iniciativa buscaba declarar la emergencia nacional en discapacidad hasta 2026, crear una pensión no contributiva compatible con el trabajo formal y establecer actualizaciones automáticas para los aranceles de los prestadores de servicios.
La Casa Rosada justificó la medida argumentando que su aplicación implicaría un gasto de más de 2 billones de pesos en 2025 y 4,7 billones en 2026.
En respuesta al veto, el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad emitió un comunicado en el que calificó la decisión como “un acto de abandono” y no de “austeridad”. El documento destaca que la crisis afecta a personas en talleres protegidos que apenas perciben $28.000 mensuales y a miles de familias que luchan por acceder a pensiones y servicios esenciales. El Foro advierte que la falta de financiamiento pone en riesgo la continuidad de los prestadores de servicios, lo que agrava la vulnerabilidad del colectivo.