Fentanilo: ANMAT bajo la lupa

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Un documento revela que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) conocía las graves deficiencias de un laboratorio seis días antes de la producción del fentanilo que ha causado 96 muertes. Sin embargo, el organismo tardó dos meses en prohibir su actividad. Durante ese tiempo, se produjo y distribuyó el fentanilo contaminado, un factor clave en esta tragedia.

Según la investigación de El Destape, la ANMAT inspeccionó los Laboratorios Ramallo, que fabricaban productos para HLB Pharma, entre el 28 de noviembre y el 12 de diciembre de 2024. A pesar de detectar múltiples irregularidades críticas, la prohibición para seguir con la producción llegó el 10 de febrero de 2025. Los lotes de fentanilo en cuestión se fabricaron el 18 de diciembre de 2024, apenas unos días después de que la ANMAT tuviera conocimiento de los problemas de seguridad en la empresa.

El documento, fechado el 10 de febrero de 2025, informa a la directora técnica de Laboratorios Ramallo que no pueden continuar con su actividad hasta solucionar las deficiencias encontradas. Las fallas abarcaban desde la gestión de calidad y la documentación hasta la producción y los recursos humanos, comprometiendo la seguridad y eficacia de los medicamentos. El informe está firmado por Gabriela Mantecon Fumado (directora del INAME) y Nélida Bisio (titular de la ANMAT).

Un historial de irregularidades
Esta no era la primera vez que los laboratorios eran señalados por la ANMAT. La investigación muestra que el 13 de mayo, al inhibir a ambas empresas, la ANMAT detalló advertencias previas sobre incumplimientos en la fabricación de medicamentos. Se mencionan actas de 2023 y 2024 que ya documentaban irregularidades, como la producción de medicamentos en envases no autorizados.

La pregunta que surge es por qué, si el organismo ya tenía un historial de alertas sobre estas empresas, tardó tanto en detener la producción y por qué les permitió seguir operando a pesar de las irregularidades.

El contexto político y la investigación judicial
El ministro Federico Sturzenegger, en una entrevista, sugirió que la falta de control podría deberse a que el dueño de los laboratorios, Ariel García Furfaro, era “amigo del poder”. No obstante, la producción y distribución del fentanilo contaminado ocurrieron bajo el gobierno de Javier Milei.

La investigación judicial, a cargo del juez Ernesto Kreplak, ha confirmado que las bacterias que causaron las muertes estaban presentes en las “muestras de museo” que el laboratorio estaba obligado a guardar. Esto refuerza la hipótesis de que la contaminación se produjo dentro de las instalaciones de HLB Pharma.

El caso de Fentanilo ya es una de las mayores tragedias sanitarias del país, superando el número de víctimas de eventos como el atentado a la AMIA o la tragedia de Once, y solo es comparable a la de Cromañón.

Denuncias previas que no prosperaron
La noticia también revela que en agosto de 2023, la ANMAT recibió una denuncia de la doctora María Florencia Prieto, del Instituto Garat de Concordia, Entre Ríos. La denuncia alertaba sobre una bacteria similar a la del fentanilo contaminado, hallada en ampollas de Dexametasona producidas por HLB Pharma. Aunque la ANMAT respondió en octubre de 2023 diciendo que sus ensayos no detectaron la bacteria, la doctora Prieto y otros investigadores publicaron un artículo confirmando el hallazgo.

Este antecedente, aunque no concluyente, muestra que había alertas sobre la calidad de los productos de HLB Pharma y las bacterias similares a las que causaron las muertes por fentanilo.

Un trabajo manual y la falta de sistematización
El juez Kreplak ha destacado que la investigación para reconstruir la trazabilidad del fentanilo ha sido un trabajo manual y muy laborioso. El sistema de notificación de casos es voluntario y no está informatizado, lo que dificulta saber el número real de víctimas.

Para continuar con el trabajo, el juez y su equipo han revisado remitos uno por uno y han contactado a casi 200 hospitales en todo el país. Esta situación pone en evidencia la falta de un sistema robusto para monitorear y controlar la distribución de medicamentos.

 

 

 

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