El Ministerio de Seguridad y Justicia está avanzando en una reorganización y modernización integral de la Policía de Entre Ríos con el objetivo de fortalecer la función policial y responder de manera más efectiva a las necesidades actuales de la sociedad. El plan, según un comunicado oficial, busca optimizar el trabajo de los oficiales, garantizar un servicio de seguridad más eficiente y mejorar el bienestar del personal.
Como primer paso, 100 oficiales que realizaban tareas administrativas han sido reubicados en diferentes comisarías de la provincia para reforzar la presencia en las calles y asegurar la cobertura del servicio durante las licencias del personal.
Bienestar y salud del personal
Paralelamente, se ha creado la División de Bienestar Policial, que se encargará del cuidado integral de los oficiales. Sus responsabilidades incluyen controles médicos regulares, programas de actividad física progresiva, evaluaciones de salud anuales y un protocolo de apoyo para los casos que requieran atención especial. El Gobierno ha destacado que esta nueva estructura tiene como objetivo reconocer la importancia de la salud física y psicológica del personal de la fuerza, considerándola fundamental para mejorar la calidad del servicio que se ofrece a los ciudadanos.
Formación y profesionalización
Otro pilar del plan se enfoca en la formación académica y profesional de los policías. Se está evaluando la posibilidad de que el cuarto año de la Licenciatura en Seguridad Pública y Ciudadana se curse de forma virtual, lo que permitiría que los cadetes se gradúen y comiencen a trabajar más rápidamente. Además, se anunció una actualización de los requisitos de ingreso a la carrera policial, incorporando evaluaciones psicológicas y competencias adaptadas a las demandas actuales. También se implementarán controles de alcoholemia y consumo de drogas para el personal en servicio, con el fin de reforzar los estándares de responsabilidad y profesionalismo.
Uso racional de la fuerza
El Ministerio de Seguridad y Justicia también informó que un nuevo Protocolo de Uso Racional de la Fuerza, desarrollado junto con la Dirección de Derechos Humanos, está siendo revisado por el Ministerio Público Fiscal. Esta iniciativa incorpora el uso de armas no letales como un recurso complementario en las intervenciones, lo que representa un cambio significativo en la forma de actuar ante ciertos conflictos.
Seguridad del personal y compensaciones
Otro aspecto del plan se relaciona con la seguridad de los propios policías. En este sentido, se ha decidido que la portación del arma reglamentaria se limite exclusivamente al turno de servicio, una medida que busca disminuir los riesgos fuera del ámbito laboral. Por último, se proyecta una modificación en el régimen de compensaciones por tareas de seguridad. El nuevo esquema busca una mayor correspondencia entre la función, los horarios cumplidos y las situaciones de salud prolongada del personal, consolidando así una institución “al servicio de los entrerrianos”, según se destacó desde el Ministerio.