Milei, impulsado por su reciente victoria electoral, anunció que la reforma laboral será una prioridad clave en la nueva fase de su gobierno. La propuesta, que busca “modernizar” el sistema sin una supuesta pérdida de derechos, se enfoca en flexibilizar normativas y ofrecer incentivos.
La iniciativa central se basa en el proyecto de ley presentado por la diputada libertaria Romina Diez, denominado “ley de promoción de inversiones y empleo”. Este plan está orientado principalmente a otorgar beneficios fiscales a las pequeñas y medianas empresas para incentivar la contratación de personal, funcionando como una especie de Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) adaptado a inversores más pequeños.
Sin embargo, el articulado del proyecto retoma varios puntos controvertidos del Capítulo IV del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23, el cual fue suspendido por la justicia laboral y espera una definición de la Corte Suprema.
Entre las medidas más debatidas se encuentran:
Ampliación de la jornada: Se contempla la extensión de la jornada laboral máxima de ocho a doce horas diarias.
Forma de pago: Se habilitaría la posibilidad de abonar una porción del salario mediante “ticket canasta o restaurant”, un mecanismo que ya ha sido objeto de objeciones en fallos judiciales previos.
Vacaciones y flexibilidad: Se permitiría la fragmentación del período vacacional y la implementación de esquemas flexibles, como el banco de horas, a través de convenios colectivos.
Indemnizaciones en cuotas: Se facilitaría a los empleadores el pago de indemnizaciones o multas derivadas de litigios laborales en un plazo de hasta doce cuotas.
Además, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, ha expresado el interés del Gobierno en reformar los convenios colectivos, buscando revisar la obligatoriedad de los aportes y el concepto de ultraactividad (que mantiene un convenio vigente hasta la firma de uno nuevo). También se promueve que las negociaciones salariales (paritarias) se realicen por productividad y por empresa, lo que el funcionario ha denominado “salarios dinámicos”.
La respuesta sindical no se hizo esperar: la CGT, a través de su representante Gerardo Martínez, ya ha manifestado su “contundente y categórico rechazo” a la propuesta. La central obrera sostiene que la reforma no es más que una ratificación de las medidas incluidas en el DNU 70/23 que fue oportunamente judicializado.