Un nuevo proyecto de ley fue presentado en la Cámara de Diputados de Entre Ríos con el fin de establecer un marco legal completo para abordar el acoso escolar y el ciber acoso en la provincia. La iniciativa, que considera esta problemática como un “desafío urgente” para el sistema educativo, incorpora la figura de la Corresponsabilidad Familiar como pilar central.
El proyecto, impulsado por la diputada Gabriela Lena (Alianza Juntos por Entre Ríos), define la Corresponsabilidad Familiar como la obligación de padres, madres o tutores de cooperar activamente con las medidas de prevención, intervención y seguimiento que adopte la institución educativa.
Protocolo Único y Obligatorio: Se creará un Protocolo Único de Actuación que deberán aplicar obligatoriamente todas las escuelas de la provincia para asegurar criterios uniformes de intervención y proteger la integridad de las víctimas.
Régimen de Sanciones Graduales: El proyecto incorpora medidas y sanciones aplicables a las familias que, de forma injustificada y repetida, se nieguen a colaborar en la prevención o resolución de situaciones donde sus hijos o hijas sean identificados como agresores.
Multas y Medidas Restaurativas: El régimen sancionatorio propuesto es gradual y proporcional, priorizando primero medidas educativas como apercibimientos formales y la asistencia obligatoria a talleres de parentalidad. La sanción pecuniaria (multa) será una medida subsidiaria y se reservará para casos donde las acciones previas no hayan funcionado o exista reincidencia en la falta de colaboración.
Monto de la Multa: Inspirada en la experiencia de Mendoza, la multa máxima propuesta es de dos millones cien mil pesos. Su monto se ajustará según la gravedad de la falta, la reiteración, el daño causado a la víctima y el grado de incumplimiento de las medidas escolares.
Alternativas para Familias Vulnerables: Para las familias en situación de vulnerabilidad económica, se permitirá reemplazar la multa total o parcialmente por trabajo comunitario o la participación en programas de formación obligatoria, garantizando que la sanción no agrave la desigualdad social.
La diputada Lena justificó el proyecto señalando la necesidad urgente de garantizar que todos los niños, niñas y adolescentes entrerrianos puedan tener una trayectoria educativa en ambientes libres de violencia.