El Gobierno confirmó su irreversible decisión de avanzar con una profunda reforma laboral, anunciando que el proyecto será enviado al Congreso el próximo 9 de diciembre.
Esta iniciativa, gestada en el marco del Consejo de Mayo, introduce transformaciones estructurales que, según críticos y sindicatos, representan un significativo retroceso en los derechos de los trabajadores.
Tras una reunión en Casa Rosada encabezada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se ratificó el cronograma oficial. Pese a la intensa discusión y las claras objeciones de los sectores sindicales, el Poder Ejecutivo ha dejado en claro que no modificará sus tiempos y que el consenso pleno no es un requisito para seguir adelante.
En el encuentro participaron figuras como Federico Sturzenegger (Ejecutivo), Alfredo Cornejo (provincias), Cristian Ritondo y Carolina Losada (Cámaras), Gerardo Martínez de la CGT, y Martín Rappallini de la UIA. Mientras el empresariado presiona por mayor flexibilidad y reducción de costos laborales, la CGT reiteró su rechazo, advirtiendo sobre las consecuencias de desmantelar la protección histórica de los trabajadores. El Gobierno, sin embargo, se limitó a escuchar sin modificar el rumbo, señalando que tiene su propio proyecto.
El proyecto se enfoca en ejes temáticos que redefinen la relación laboral y el poder de negociación de los sindicatos, con puntos que generan gran preocupación:
Adiós a las Horas Extra: El Banco de Horas
El cambio más polémico en la jornada laboral es la masificación del llamado banco de horas. Este esquema de flexibilidad permite al empleador acumular las horas trabajadas por encima de la jornada pactada para compensarlas después con días libres o jornadas reducidas, eliminando de facto la obligación de pagar el recargo habitual (50% o 100%) como hora extra.
Aunque el proyecto menciona topes semanales de 48 horas y un descanso mínimo de 12 horas, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha alertado que, sin controles estrictos, estos mecanismos pueden conducir a abusos, jornadas excesivamente largas y una clara erosión del descanso, afectando la conciliación entre la vida laboral y familiar.
Fragmentación Salarial: Convenios por Empresa y Pago por “Mérito”
Se busca otorgar prioridad a los convenios colectivos negociados por empresa por encima de las paritarias nacionales por actividad. Esta medida, según los gremios, dinamita la solidaridad entre trabajadores y debilita la capacidad sindical de defender escalas salariales comunes.
Paralelamente, se impulsa un sistema de salarios “dinámicos” donde los aumentos se atarán directamente al desempeño individual del trabajador y la rentabilidad de la empresa, y no solo a la inflación. Los sindicatos temen que, bajo el concepto de “mérito”, se esconda una herramienta para imponer condiciones laborales más precarias y trasladar el riesgo del negocio directamente sobre el empleado.
El Salario en Moneda Extranjera
El proyecto ofrece la puerta explícita para el pago de salarios en moneda extranjera, como el dólar, bajo el principio de “autonomía de la voluntad”. Si bien se presenta como una medida de resguardo del poder adquisitivo ante la inflación, la falta de una definición clara sobre cómo se traducirán estos montos a pesos para el cálculo de aportes y contribuciones genera incertidumbre sobre las futuras obligaciones legales.
La Huelga Vaciada de Contenido: Servicios Mínimos Elevados
Uno de los ataques directos a la protesta sindical es la regulación del derecho a huelga mediante la elevación de los servicios mínimos de cobertura:
Se exige garantizar un 75% de actividad en los considerados servicios esenciales (salud, educación, telecomunicaciones, aeronáutica, entre otros).
Se crea la nueva y amplia categoría de “actividades o servicios de importancia trascendental”, a las que se les obligaría una cobertura mínima del 50% durante un paro (incluyendo transporte, banca, industria y producción de alimentos).
Los sindicatos denuncian que estas exigencias buscan, en la práctica, vaciar de contenido y eficacia a la medida de fuerza, al obligar a mantener la mayor parte de la actividad operativa durante un conflicto.
Lo que resta por definir: Vacaciones y el Impacto Social
Aunque con menos detalles, la reforma menciona posibles ajustes en materia de vacaciones y licencias, con la intención de vincular su otorgamiento a la productividad y las necesidades sectoriales.
La reforma laboral se consolida como el eje central del programa del Gobierno, que busca reducir la litigiosidad y bajar los costos empresariales. No obstante, la CGT y los expertos en derecho laboral advierten con firmeza sobre un peligroso retroceso en derechos adquiridos, el debilitamiento de la negociación colectiva y el riesgo de impulsar un mercado laboral más inestable y con menos garantías para los trabajadores.