Nuevo esquema de subsidios dispara costos de luz y gas desde Enero
El Gobierno de Milei oficializó la implementación, a partir de enero de 2026, de un drástico y restrictivo nuevo esquema de subsidios en las tarifas residenciales de energía (electricidad, gas natural, garrafas y gas propano por redes) en toda la Argentina. Esta reestructuración tiene como consecuencia directa un incremento significativo en los costos de los servicios públicos para la inmensa mayoría de los usuarios, al reducir y focalizar al máximo la asistencia estatal.
La medida representa un duro golpe a la economía familiar, al dejar atrás el sistema de segmentación por niveles (N1, N2 y N3), el Programa Hogar y la Tarifa Social de Gas. En su lugar, se establecerá un régimen simplificado pero altamente excluyente con solo dos categorías:
Hogares subsidiados: Aquellos que reciban una asistencia estatal fuertemente limitada.
Hogares a costo pleno: La mayoría de los usuarios que deberán afrontar la totalidad del precio real de la energía.
El objetivo declarado de “transparentar el precio real” y “consolidar la disciplina fiscal” se traduce directamente en la obligación de los usuarios de asumir la mayor proporción del gasto, reduciendo la cobertura estatal y presionando los ingresos de los hogares.
El acceso a esta reducida ayuda estatal se vuelve más restrictivo al limitarse a hogares con ingresos que no superen el equivalente a tres Canastas Básicas Totales (CBT), es decir, un techo de $3.641.397 mensuales.
Esta barrera económica, más baja que la vigente, se combina con el mantenimiento de criterios patrimoniales de exclusión. No podrán acceder al subsidio quienes posean embarcaciones o propiedades adicionales, dejando a un amplio sector de la clase media fuera de cualquier beneficio, incluso si sus ingresos no son elevados.
La noticia advierte que, incluso para los hogares que logren calificar, la cobertura de la bonificación será limitada y solo parcial, obligando a los usuarios a pagar una porción mayor del servicio:
Electricidad: El subsidio base será del 50% del costo de la energía, pero solo sobre un bloque de 300 kWh por mes en los meses de mayor consumo (invierno y verano), y de 150 kWh en meses templados. El consumo que exceda estos bloques se pagará a precio pleno, encareciendo notablemente las facturas en periodos de calor o frío extremo.
Gas Natural por Redes: El subsidio cubrirá la mitad del precio solo entre abril y septiembre (meses de alta demanda), sin bonificación alguna para el resto del año.
Garrafas (Programa Hogar): Aunque se migrará a los 3,3 millones de familias, la ayuda se limita al equivalente a media garrafa por mes durante la mayor parte del año y una garrafa adicional en invierno, con un monto directo transferido.
La transición será un proceso de ajuste al alza continuo durante todo 2026. En enero, la bonificación será del 75% en electricidad y 25% en gas, pero este “plus” se reducirá gradualmente cada mes hasta desaparecer en diciembre de 2026, garantizando que el usuario asuma la totalidad del costo sin amortiguación a finales de año.
Una de las consecuencias más tangibles será la exhibición del costo real y total de la energía en las facturas. A partir de 2026, los valores PIST (gas) y PEST (electricidad) reflejarán los costos efectivos de producción sin subsidios, mostrando precios mayoristas que antes estaban ocultos o fuertemente bonificados:
Gas: Precio mayorista único de 3,80 dólares por millón de BTU durante todo el año.
Electricidad: Precio alineado con el valor monómico de generación, estimado en 75 dólares el megavatio-hora.
Según las proyecciones del Gobierno, los hogares pagarán, en promedio, el 76% del costo eléctrico y el 79% del costo del gas, una cifra que contrasta fuertemente con la situación actual y que impactará directamente en la capacidad de pago de la población.
La reestructuración responde a un objetivo fiscal trazado por el Ejecutivo: reducir el gasto en subsidios energéticos al 0,5% del PBI en 2026. Esta meta de austeridad, equivalente a USD 3.000 millones, se alcanzará transfiriendo el costo a los usuarios y dejando a un amplio sector de la población desprotegido frente a las subas tarifarias.
Si bien se mantendrán regímenes diferenciales para las zonas frías, la regla general es la eliminación de la asistencia generalizada, asegurando que las facturas sean significativamente más caras para quienes excedan los límites de consumo subsidiados, obligándolos a abonar la totalidad al precio pleno.
