Ingresa al Congreso la Ley de Libertad Educativa

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La iniciativa reconoce la función primordial de las familias e impulsa la diversidad de enfoques pedagógicos. Contempla nuevas regulaciones para la enseñanza básica, modalidades de aprendizaje alternativas y un esquema de financiamiento justo.

El Poder Ejecutivo decidió enviar a la consideración del Congreso, en el marco de sesiones extraordinarias, el borrador de la Ley de Libertad Educativa. Esta propuesta tiene como fin la redefinición del sistema educativo nacional, basándose en los pilares de la libertad, la justicia y el pluralismo.

Esta iniciativa, emanada del Consejo de Mayo, anulará la actual Ley de Educación Nacional. El nuevo marco legal busca proporcionar una mayor independencia a las entidades educativas, validar la enseñanza llevada a cabo en casa (educación en el hogar) y a distancia (entornos virtuales), y asegurar la paridad legal entre los establecimientos de gestión pública y los de gestión privada, según reportó el medio Parlamentario.

La propuesta gubernamental, subraya la función prioritaria de los padres en la instrucción de sus hijos, y delimita el papel del Estado a ser un asegurador del acceso y la continuidad, sin reemplazar la autonomía de las personas o las iniciativas de la sociedad civil.

Uno de los ejes principales de la futura ley es la creación de un Sistema Nacional de Educación que privilegia la independencia de las instituciones y la multiplicidad de enfoques pedagógicos. Asimismo, se confirma la educación gratuita en los establecimientos estatales y se estipula una financiación justa para todos los centros, implementando un modelo que pone al estudiante en el centro de los criterios de asignación de recursos.

Adicionalmente, el proyecto integra modalidades de enseñanza no tradicionales, incluyendo el aprendizaje desde el hogar y a través de plataformas virtuales. La certificación de estos saberes se llevará a cabo a través de evaluaciones de carácter estandarizado. También se definen contenidos curriculares básicos que serán aplicables en todo el territorio nacional, salvaguardando la diversidad cultural y lingüística de las comunidades originarias, e introduce el Examen Nacional de Educación Secundaria (ENES), un instrumento opcional diseñado para valorar el nivel de conocimientos al término de la etapa de educación obligatoria.

Respecto al cuerpo docente, la legislación contempla una renovada carrera profesional. Esta se basará en el mérito, la capacitación constante y la valoración sistemática, a la par que se fundará el Instituto Nacional de Formación y Carrera Docente. En cuanto a la financiación, se establecen pautas claras, que contemplan tanto las contribuciones habituales a los centros privados como la utilización de mecanismos como vales o becas con el objetivo de asegurar la plena libertad de elección de institución educativa.

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