El Ejecutivo municipal anunció que no renovará más de 130 contratos administrativos que vencen este mes de diciembre. La medida, fue justificada por el gobierno local como parte de un proceso de “ordenamiento”, aunque en la práctica representa un recorte de personal en diversas áreas del Estado.
Desde el municipio argumentaron que la decisión surge tras un análisis que detectó supuestas irregularidades en el origen de las contrataciones, señalando falta de funciones específicas y designaciones de último momento. Bajo la premisa de “cuidar los recursos públicos”, las autoridades locales avanzaron con la baja de estos vínculos, una acción que genera preocupación por la estabilidad laboral en el sector público.
El intendente Francisco Azcué se refirió a la situación con dureza, calificando la herencia recibida como un “festival de contratos” con fines proselitistas. Según el mandatario, la estructura municipal actual es insostenible y carece de eficiencia operativa, asegurando que es “injusto” mantener estos puestos de trabajo frente al esfuerzo de los contribuyentes.
A pesar de que desde la gestión oficialista intentan suavizar el impacto asegurando que “no se trata de despidos” sino de finalizaciones contractuales, la realidad es que más de un centenar de personas pierden su fuente de ingreso en un contexto económico complejo. Mientras el Ejecutivo insiste en que este ajuste permitirá futuras inversiones en obras y servicios, el clima de tensión crece ante lo que muchos consideran un golpe directo a los trabajadores municipales.