Maduro se declaró “prisionero de guerra” tras un secuestro que estremece el orden internacional
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, fueron presentados ante el tribunal federal de Nueva York. Allí, frente al juez Alvin Hellerstein, el mandatario venezolano no dudó: “Soy Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, prisionero de guerra, secuestrado en una acción militar de los Estados Unidos y me acojo a los tratados de Ginebra”. Una declaración que resonó como un eco lúgubre, antes de que ambos se declararan inocentes de los cargos de narcoterrorismo y conspiración que se les imputan.
La imagen de un jefe de Estado soberano, esposado y exhibido por las calles de Nueva York, evocó instantáneamente las infames marchas triunfales romanas con sus líderes capturados. Un despliegue de humillación que desnudó la brutalidad de una operación militar estadounidense que, el 3 de enero, dejó decenas de muertos en Caracas antes de la abducción. Las palabras del presidente estadounidense, Donald Trump, en Fox News, “podemos hacerlo de nuevo, nadie puede detenernos”, solo sirvieron para subrayar la ominosa advertencia sobre la impunidad de la fuerza.
La detención de Maduro es una flagrante afrenta a los cimientos del Derecho Internacional Público, especialmente al principio de inmunidad de los Jefes de Estado y la soberanía de las naciones. El artículo 2 de la Carta de Naciones Unidas, que prohíbe el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, ha sido pulverizado. El abogado defensor Barry Pollack, conocido por su trabajo con Julian Assange, ya ha puesto en tela de juicio la “legalidad de la abducción militar” de su cliente, argumentando el privilegio que ostenta un jefe de Estado en funciones.
En el tablero geopolítico, la respuesta ha sido una mezcla de cautela y condena. Mientras China y Rusia exigen la liberación de la pareja presidencial y denuncian la violación del derecho internacional, la Unión Europea, atrapada en su ambivalencia, vacila entre tildar a Maduro de “dictador” y criticar la ilegalidad de los métodos de Trump. Sin embargo, en varios rincones de Europa, voces de alarma se alzan, advirtiendo que aceptar esta ruptura del Derecho Internacional es abrir una “caja de Pandora” cuyas repercusiones podrían ser incalculables, incluso con la sombra de amenazas sobre Groenlandia.
Antonio Guterres, secretario general de la ONU, no ha podido sino reconocer ante el Consejo de Seguridad que el derecho internacional fue ignorado. “El mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales depende del compromiso continuo de todos los Estados Miembros de cumplir todas las disposiciones de la Carta”, sentenció.
Mientras tanto, en Europa, la indignación se materializa en las calles. Desde el mismo 3 de enero, sindicatos y movimientos sociales se movilizan en diversas ciudades para repudiar la acción estadounidense y expresar solidaridad con Venezuela. Pierre Marsein, de la CGT del Alto Loira, lo resumió tras una manifestación: “Exigimos la liberación del presidente venezolano y su esposa, que el pueblo decida por sí mismo lo que quiere hacer, y especialmente que no sean los norteamericanos quienes dirijan ese país. Sabemos que los Estados Unidos quieren el petróleo de Venezuela”.
Este episodio, que contrasta con el final de figuras como Muammar el Khadafi o Sadam Hussein, revela una verdad ineludible: los atropellos de Estados Unidos se desarrollan a plena luz del día. Las acusaciones contra Maduro, inconsistentes en su base, no logran ocultar la verdadera y descarnada motivación: el descarado despojo de los recursos petroleros de Venezuela. Un sombrío recordatorio de que la “ley de la fuerza” sigue siendo una amenaza latente.
