Críticas al nuevo Régimen Penal Juvenil: advierten que no resolverá la inseguridad y cuestionan la falta de infraestructura
Tras la reciente promulgación de la ley que reduce la edad de imputabilidad a los 14 años, diversos sectores judiciales expresaron su rechazo a la normativa. El abogado José Iparraguirre afirmó que la medida representó una respuesta política que no atacará las causas de fondo del delito y señaló que la aplicación de penas privativas de la libertad para menores solo profundizará el castigo sin ofrecer soluciones reales.
El letrado explicó que el porcentaje de adolescentes de entre 14 y 16 años que participan en delitos graves resultó mínimo. En ese sentido, calificó la iniciativa como un discurso oportunista que ignoró la crisis social existente. Según su visión, el Estado debió priorizar la inversión en educación y la revinculación escolar de los jóvenes en lugar de ampliar la estructura de la justicia penal.
Asimismo, Iparraguirre alertó sobre la imposibilidad fáctica de cumplir con el alojamiento diferenciado que estipuló la ley. Aseguró que la escasez de institutos especializados provocará que los menores terminen en unidades penales junto a adultos, lo que transformará el encierro en un foco de aprendizaje delictivo. Finalmente, sostuvo que la salida a la problemática criminal requirió la generación de empleo y la mejora de las condiciones de vida de los sectores más vulnerables.
