Minutos después de que el Concejo Deliberante aprobara la ordenanza de emergencia ambiental, la Municipalidad confirmó la implementación de una reorganización del servicio de higiene urbana. El nuevo modelo contempla un sistema mixto que incluye la concesión parcial de la recolección en sectores específicos de la ciudad.
La iniciativa, impulsada por el oficialismo y tratada sobre tablas en la cuarta sesión ordinaria, contó con el respaldo de nueve votos provenientes de Juntos por Entre Ríos y La Libertad Avanza. Por su parte, los cuatro integrantes del bloque del Partido Justicialista rechazaron la medida, que establece la emergencia por el plazo de un año y faculta al Ejecutivo a realizar contrataciones directas o licitaciones bajo este marco excepcional.
Desde el municipio fundamentaron la decisión en un diagnóstico técnico que señaló el deterioro del parque automotor y la falta de una planificación integral en el sistema actual. Alejandro López, secretario de Servicios Públicos, explicó que el objetivo es optimizar los recursos y mejorar la eficiencia del control sobre la prestación del servicio.
En cuanto a los alcances operativos y laborales, el comunicado oficial detalló los siguientes puntos:
Esquema transitorio: Se realizará una contratación inicial por seis meses para un sector delimitado de la ciudad, previa a una licitación pública definitiva.
Estabilidad laboral: El Ejecutivo aseguró que no se producirán despidos. El personal municipal afectado será reubicado en otras dependencias manteniendo sus salarios, categorías y condiciones actuales.
El debate legislativo estuvo marcado por fuertes acusaciones de la oposición. Las concejalas Carolina Amiama y Claudia Villalba sostuvieron que el proyecto busca favorecer a una empresa prestataria de forma directa. Según afirmaron desde el bloque del PJ, ya se observaría la presencia de camiones pertenecientes a la firma VITSA en la zona, lo que sugeriría un acuerdo previo a cualquier proceso licitatorio.
Ante estas críticas, el concejal oficialista Felipe Sastre rechazó las impugnaciones y negó tener conocimiento sobre qué empresas participarán de la futura compulsa. Defendió la transparencia del proceso y remarcó que el modelo de gestión mixta fue analizado durante los últimos dos años antes de su presentación formal.