CONCORDIA, EL TRISTE RÉCORD DE SER LA CIUDAD MÁS POBRE CON LOS SERVICIOS MÁS CAROS

Escuchar el discurso oficial del INTENDENTE FISCAL FRANCISCO AZCUÉ es, por momentos, un ejercicio de ciencia ficción. Si uno se guiara únicamente por sus palabras, podría creer que CONCORDIA ha sido trasladada, de un día para otro, al CORAZÓN DE EUROPA. Un lugar donde la eficiencia estatal es norma, la transparencia una práctica cotidiana y la gestión pública una herramienta al servicio del bienestar general. Sin embargo, basta abrir los ojos y recorrer la ciudad para advertir que ese relato no resiste el más mínimo contraste con la realidad.

La distancia entre lo que se dice y lo que efectivamente sucede no es menor: es abismal. Y en ese abismo quedan atrapados miles de vecinos que, lejos de experimentar mejoras, ven cómo sus condiciones de vida se deterioran día a día. La política, cuando se convierte en relato, pierde su sentido esencial: dar respuestas concretas a problemas concretos.

La última “NOVEDAD” de OBRAS SANITARIAS es un cachetazo más: un nuevo aumento del 20% en la tarifa del agua, que se suma al 25% ya aplicado en diciembre. Nos encontramos ante el agua más cara del país, pagada por los ciudadanos de la ciudad que, paradójicamente, encabeza los índices de MISERIA EN ARGENTINA.

El discurso de la eficiencia y la transparencia se enfrenta de lleno con la contundencia de los números. Según el último informe del INDEC sobre pobreza correspondiente al segundo semestre de 2025, Concordia registra un 49,9% de personas bajo la línea de pobreza. Es decir, prácticamente uno de cada dos concordienses no logra cubrir sus necesidades básicas. No se trata de una cifra abstracta: son familias que recortan alimentos, que postergan gastos esenciales, que viven en la incertidumbre cotidiana.

La comparación con el promedio nacional —28,2% en los 31 aglomerados urbanos— no hace más que agravar el diagnóstico. Mientras otras ciudades logran, con dificultades, contener o revertir indicadores, CONCORDIA sigue profundizando su rezago. No estamos frente a una coyuntura aislada, sino ante un problema estructural que exige políticas sostenidas, planificación y capacidad de gestión.

La situación se vuelve aún más dramática cuando se analiza la indigencia. A nivel nacional, el 6,3% de la población no alcanza a cubrir una canasta básica alimentaria. EN CONCORDIA, ese porcentaje asciende al 13,6%. Es decir, más del doble. Detrás de ese número hay una realidad que debería interpelar a cualquier gestión: personas que no tienen garantizada siquiera una comida diaria.

Y mientras tanto, bajo excusas difíciles de justificar, se avanza en el cierre de COMEDORES COMUNITARIOS, dejando a numerosos vecinos a su suerte. En un contexto donde la indigencia crece y cada plato de comida cuenta, estas decisiones no solo resultan insensibles, sino también profundamente contradictorias con cualquier discurso que pretenda poner a las personas en el centro de la gestión.

En este contexto de emergencia real, la gestión elige el camino del engaño y la falta de transparencia.

En este contexto, anuncios mentirosos como la eliminación de “300 tasas” no solo resultan insuficientes, sino también difíciles de verificar en su impacto real. ¿Cuántas de esas tasas afectan efectivamente al vecino común? ¿Cuántas representan un alivio concreto en el bolsillo de quienes hoy están en situación crítica? La falta de precisión convierte lo que podría ser una medida positiva en un simple recurso discursivo

Pero si hay algo que agrava aún más este escenario es la forma en que se intenta explicar —o desviar— la responsabilidad. Frente a decisiones controvertidas, como una concesión por 400 MILLONES MENSUALES, el foco se desplaza hacia los EMPLEADOS MUNICIPALES. Se instala la idea de que el problema radica en quienes ejecutan tareas bajo normas preexistentes, cuando en realidad las decisiones estratégicas corresponden a la conducción política.

Este mecanismo no es nuevo, pero sí preocupante: culpar al trabajador es una forma de eludir responsabilidades y de simplificar debates complejos. La administración pública no funciona por inercia ni por voluntad individual de sus empleados; funciona —o debería funcionar— en función de decisiones políticas claras, eficientes y transparentes.

Usar como escudo humano para no dar la cara por sus propias decisiones, intentando instalar un relato donde el trabajador no muestra gestión, sino todo lo contrario.

Y es precisamente la transparencia otro de los puntos que merece ser analizado con mayor detenimiento. La publicación acelerada de la ordenanza de emergencia ambiental el 19 de marzo, 8 minutos después de terminada la sesión del CONCEJO DELIBERANTE contrasta con la demora en la difusión del contrato correspondiente en el BOLETÍN OFICIAL. A más de 12 días de su aprobación, la ausencia de ese documento genera dudas legítimas.

A esto se suma la desaparición de información vinculada a una licitación MILLONARIA para el mantenimiento del aeropuerto del portal oficial de compras. En una gestión que se presenta como transparente, estos episodios no pueden ser minimizados ni relativizados. La transparencia no es una consigna: es una práctica que se demuestra con hechos verificables y accesibles para toda la ciudadanía.

El problema de fondo, entonces, no es únicamente la falta de resultados, sino la desconexión entre el diagnóstico oficial y la realidad concreta. Cuando un gobierno describe una ciudad que no coincide con la experiencia cotidiana de sus habitantes, lo que se rompe no es solo la confianza: se debilita el vínculo esencial entre representación y ciudadanía.

CONCORDIA necesita un cambio. Pero no cualquier cambio. Necesita un cambio que parta del reconocimiento HONESTO de su situación, que abandone la lógica del MARKETING POLÍTICO y que recupere el valor de la gestión como herramienta de transformación real.

Ese cambio implica priorizar políticas públicas orientadas a reducir la pobreza y la indigencia, mejorar la calidad de los servicios esenciales, garantizar la transparencia en cada decisión administrativa y asumir las responsabilidades que corresponden a cada nivel de gobierno.

LOS CIUDADANOS no necesitan relatos. Necesitan soluciones. No necesitan comparaciones forzadas con realidades lejanas, sino respuestas concretas a problemas urgentes. Necesitan, en definitiva, un gobierno que mire menos las redes sociales y más las calles.

Porque la realidad no se construye con discursos. Se construye con decisiones. Y hoy, más que nunca, NECESITAMOS DECISIONES QUE ESTÉN A LA ALTURA DEL DESAFÍO.      POR JORGE VALDEZ

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