HOMICIDAS PRESOS POR CRIMENES DE LESA HUMANIDAD BUSCAN UNA VIA PARA SALIR DE LA CARCEL

Furiosos y en movimiento: Represores que cometieron aberrantes crímenes de lesa humanidad quieren que les den un certificado de discapacidad para alegar que no pueden estar privados de la libertad. Mario Sandoval, Antonio Pernías, el “Indio” Castillo y Juan Daniel Amelong, entre los impulsores de la movida, Lanzan dardos envenenados contra el Gobierno y sus defensores. Con la sensación de haber sido abandonados a su suerte, después que el ejercito ordenara la baja de 34 de sus integrantes con condenas firmes, estos represores están urdiendo una maniobra para intentar volver a sus casas

Los represores están furiosos. Pese a las promesas de campaña, el Gobierno de Javier Milei no encontró la forma de sacarlos de la cárcel. Es más, el Ejército dispuso, en los últimos días, la baja de 34 de sus integrantes con condenas firmes por crímenes contra la humanidad. Casi con la sensación de haber sido abandonados a su suerte, algunos represores están urdiendo una maniobra para intentar volver a sus casas. Buscan que la administración de La Libertad Avanza (LLA) les extienda un certificado de discapacidad para, de esa forma, alegar que no están dadas las condiciones para que continúen privados de su libertad en la Unidad 34 de Campo de Mayo.

El cerebro de la estrategia es Mario Sandoval, inspector de la Policía Federal Argentina (PFA) condenado a quince años de prisión por crímenes en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Fue él quien se ocupó de aglutinar a sus compañeros de la U34 y de enviar correos a distintas agencias estatales.

Lo que pretenden Sandoval y compañía es que una junta evaluadora de la Secretaría Nacional de Discapacidad del Ministerio de Salud se traslade a Campo de Mayo. Se trata de la ex Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), cuyo desmantelamiento el Gobierno impulsó después de que el juez federal Sebastián Casanello procesara a su extitular Diego Spagnuolo–. Para eso, vienen comunicándose con Salud y enviando presentaciones a distintas dependencias, como la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin).

El 6 de marzo pasado, Sandoval promovió una larga presentación en la que sostenía que la edad media en la U34 es de 78 años y que, por lo tanto, se trata de una “prisión geriátrica” carente de medios y recursos para la atención de este tipo de población. “Nuestras vidas se encuentran en un estado de riesgo inminente debido a la interacción incapacitante entre nuestras patologías de base y las barreras físicas y sistémicas que impone el sistema carcelario, factores que hoy actúan como un agravante legítimo de nuestra privación de libertad”, sostuvo en el escrito.

Lo que buscan es que se los considere personas con discapacidad –un sector que ha sufrido múltiples violencias y privaciones por parte de la administración libertaria–. En línea con ese planteo, argumentan que las instalaciones de la U34 no son aptas para adultos mayores y señalan barreras arquitectónicas: pisos resbaladizos, falta de barandas, mobiliario rígido y baños no adaptados.

La denuncia de Sandoval y compañía no coincide con lo que surgió del relevamiento de las condiciones de detención realizado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación durante la gestión de Horacio Pietragalla Corti. “Se destaca la disponibilidad de accesorios y dispositivos que posibilitan la movilidad y el uso de las instalaciones por parte de los internos. Cuentan con baño para personas con discapacidad, agarraderas en las duchas y habitaciones y bandas antideslizantes en los pisos de las duchas”, decía ese informe.

En su presentación, los represores no escondían cuál era el verdadero objetivo de la movida. Señalaban que la declaración de discapacidad debía “servir como prueba documental definitiva ante los jueces de ejecución para la revisión de las condiciones de detención, la procedencia de prisiones domiciliarias por razones humanitarias y la protección contra el trato cruel, inhumano o degradante que implica el encierro para una persona con discapacidad no asistida”.

Si bien el alma pater de la maniobra es Sandoval, no está solo. Detrás de él hay otros represores, entre los que se cuentan:

– Juan Daniel Amelong, que integró el Destacamento de Inteligencia 121 de Rosario durante la dictadura e incluso dispuso que una casa familiar fuera usada como centro clandestino de detención; tiene cinco condenas en su haber y fue presentado como una víctima del proceso de justicia por Victoria Villarruel en el debate con Agustín Rossi;

– Carlos “Indio” Castillo, integrante de la Concentración Nacional Universitaria (CNU), con condena a prisión perpetua;

– Gonzalo “Chispa” Sánchez, prefecto extraditado desde Brasil para ser juzgado por crímenes en la ESMA;

– Eduardo “Curro” Ramos, policía de Santa Fe condenado por delitos de lesa humanidad;

– Rubén Escobar, exagente de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), actualmente juzgado por crímenes en Automotores Orletti y la base Pomar;

– Antonio Pernías, represor de la ESMA con condena a prisión perpetua;

– Fernando Otero, miembro de la CNU de Mar del Plata, también condenado a perpetua;

– Horacio Domato, excomandante de Gendarmería condenado por crímenes de lesa humanidad en Formosa;

– Gabriel Kesler, exagente civil de inteligencia del Ejército que se jactaba de haber provocado 147 caídas con su infiltración en el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) de Rosario.

Veinte días después de la primera presentación del grupo liderado por Sandoval, el jefe del Ejército, Oscar Zarich, firmó la baja de 34 militares con condenas firmes, tal como había pedido la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA).

La resolución de Zarich se rubricó el 26 de marzo, tan solo dos días después de las movilizaciones en repudio a los 50 años del último golpe de Estado. Entre los alcanzados por la medida está Amelong. También Enrique Mones Ruiz y Gustavo Alsina, que fueron parte del foco que generó el levantamiento de Semana Santa de 1987 que derivó en la sanción de la Obediencia Debida. Lo mismo ocurre con Carlos Antonio Españadero, integrante de la estructura de inteligencia del Ejército. La baja implica la pérdida del estado militar: no cobran jubilación ni tienen obra social.

La decisión cayó mal dentro de la Unidad 34 de Campo de Mayo, donde hay 61 represores presos, según estadísticas del Servicio Penitenciario Federal (SPF). Allí funciona el grupo de lobby que se hace llamar “Los Muertos Vivos” y que difunde proclamas a través de la red social X.

Los Muertos Vivos vienen acumulando furia. En una comunicación distribuida en las últimas horas le apuntan al ministro de Defensa, Carlos Presti. “Desde que asumió no ha tomado una sola medida concreta; por el contrario, permite que avance el ‘circo’ de los juicios, encarcelaciones y el accionar de sectores ideologizados como Justicia Legítima”, se quejaron.

Las protestas no solo tuvieron como destinatario a Presti, integrante de la familia militar de la dictadura. Los dardos también se dirigieron contra las “organizaciones que dicen defender a los presos políticos”. En tal caso, es posible que aludieran a grupos como Justicia y Concordia o a la asociación que lidera Cecilia Pando.

A estos sectores los acusaron de tener una “labor meramente cosmética”, limitada a publicar “cartas suaves en diarios o redes sociales para no incomodar a los políticos”. Les achacaron, además, actuar como “figuretis” en busca de protagonismo personal mientras obtienen resultados contraproducentes.

“Mientras exigían un indulto inmediato, la respuesta del poder fue la baja de 34 miembros”, escribieron con amargura. La alusión, en este caso, parecía dirigida a Asunción Benedit, impulsora del grupo de los “Pañuelos Negros” y hermana del diputado libertario Beltrán Benedit, quien había dado un ultimátum para que el Gobierno avanzara con un indulto o promoviera una amnistía antes del 24 de marzo.

“Argentina es una sociedad de hipócritas con una clase política sin integridad”, cerraban su declaración los represores que, a pesar de contar con un Gobierno que los defiende en la “batalla cultural”, no logró que salieran de las cárceles. (FUENTE: PAGINA12)