La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) promovió una acción de inconstitucionalidad contra el Decreto 500/26 del Poder Ejecutivo provincial, cuestionando la inclusión de sumas no remunerativas en la pauta salarial docente, práctica que (según el gremio) está prohibida por la Constitución de Entre Ríos.
La presentación judicial, solicita que se declare la inconstitucionalidad del decreto en lo referido al carácter “no remunerativo” de los incrementos otorgados bajo los conceptos de FOPID y conectividad, al considerar que se trata de montos “en negro” que afectan derechos laborales y previsionales.
En el mismo planteo, el sindicato exige que se regularicen los aportes patronales correspondientes a la Obra Social de Entre Ríos (OSER) y a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, así como el pago a los trabajadores pasivos de los montos proporcionales derivados de la movilidad jubilatoria (82%) sobre los ítems FOPID y conectividad.
El conflicto se enmarca en el contexto de las negociaciones paritarias docentes, donde la propuesta salarial del Gobierno fue rechazada por la totalidad de los sindicatos del sector. Posteriormente, mediante el Decreto 500/26, el Ejecutivo dispuso de forma unilateral un aumento que incluyó sumas no remunerativas tanto para activos como para jubilados.
Desde AGMER se cuestionó de inmediato la medida, no solo por considerarla insuficiente frente a la pérdida del poder adquisitivo, sino también por entender que la utilización de montos no remunerativos contradice lo establecido en la Constitución provincial y configura una práctica ilegal.
La causa quedó ahora en manos de la Justicia provincial, que deberá analizar la validez del decreto en un escenario de creciente tensión entre el Gobierno y el sector docente.