Ante la proliferación de mensajes intimidatorios vinculados a retos de redes sociales, el Consejo General de Educación (CGE) de Entre Ríos puso en marcha un protocolo de actuación urgente. La medida buscó garantizar la seguridad de las comunidades educativas sin interrumpir el dictado de clases. Según informaron las autoridades, la Policía de Entre Ríos ya individualizó a varios de los autores de estas amenazas en diversas ciudades de la provincia.
El protocolo vigente establece que las instituciones deben dar intervención inmediata a las fuerzas de seguridad para evaluar el riesgo. La directiva central del CGE fue mantener la presencialidad cuidada, evitando la suspensión de actividades —salvo orden expresa de la Policía— para frenar el efecto contagio y la desinformación que generan estos fenómenos digitales.
Desde el organismo educativo recordaron que estas acciones, aunque se presenten como bromas o desafíos virtuales, encuadran en el delito de intimidación pública según el Código Penal. Esto implica que la Justicia interviene de oficio, pudiendo recaer sanciones penales tanto sobre los menores de edad involucrados como sobre sus responsables legales.
Para abordar la situación, se dispusieron las siguientes líneas de acción:
Seguridad física: Presencia policial en horarios de ingreso y egreso en los establecimientos que lo requieran.
Apoyo emocional: Intervención de los Equipos de Orientación Escolar (EOE) para trabajar el impacto socioemocional en el alumnado.
Rol de las familias: Se instó a los padres a dialogar sobre el uso responsable de la tecnología y a no difundir rumores que alimenten el pánico en redes sociales.
A pesar de la inquietud generada en ciudades como Paraná y el sur entrerriano, las autoridades confirmaron que no se registraron hechos de violencia efectivos. Gracias al monitoreo constante, la gran mayoría de las instituciones funcionaron con normalidad y bajo un entorno de calma.
Desde la Coordinación de Políticas Transversales del CGE resaltaron que la prioridad fue sostener el derecho a la educación, protegiendo a los estudiantes de la desinformación. La articulación entre Educación, Policía y Justicia continuará activa para avanzar en las causas abiertas contra quienes originaron los mensajes de alerta.