La diputada provincial Lorena Arrozogaray presentó un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados para solicitar al Poder Ejecutivo la ampliación inmediata del presupuesto 2026 destinado a la salud mental de niñas, niños y adolescentes. El pedido se fundamentó en la crítica situación de emergencia que atraviesa el sector, agravada por los recientes episodios de amenazas, intimidaciones y hechos de violencia registrados en diversos establecimientos educativos de la provincia.
La legisladora calificó de “marginal” la inversión actual, señalando que la partida específica para esta área apenas alcanza los 627.968.000 pesos. Esta cifra representa tan solo el 0,0071% del Presupuesto General de la Provincia, lo que en términos prácticos significa que, de cada millón de pesos invertidos en niñez, solo 395 pesos se destinan a salud mental.
Propuestas para un abordaje integral en escuelas
El proyecto instó a una coordinación efectiva entre los Ministerios de Salud y Educación para ejecutar programas de prevención y detección temprana. Entre las acciones mínimas exigidas se destacaron:
Equipos Interdisciplinarios: Fortalecer la presencia de profesionales de salud mental en todos los niveles del sistema educativo.
Protocolos de Intervención: Implementar guías de acción ante crisis emocionales, conductas violentas y riesgo de suicidio en el ámbito escolar.
Formación Docente: Brindar herramientas y acompañamiento a directivos, profesores y familias para abordar la salud mental juvenil.
Acceso a Medicación: Garantizar la provisión equitativa de fármacos psiquiátricos esenciales en los 17 departamentos de la provincia.
Un contexto de violencia y emergencia social
Arrozogaray advirtió que los fenómenos de violencia y amenazas en las escuelas no pueden reducirse únicamente a una dinámica de redes sociales. Según la diputada, existen factores estructurales como el debilitamiento de las políticas públicas y un clima social donde la violencia verbal ganó terreno, lo que requiere una “mirada responsable y de fondo” por parte del Estado.
El proyecto otorgó un plazo perentorio de 30 días para que el Gobierno remita un informe detallado sobre las medidas adoptadas, el monto del incremento presupuestario y los indicadores de gestión para monitorear estas acciones. La legisladora concluyó que la debilidad presupuestaria actual se tradujo en la desprotección de miles de jóvenes entrerrianos que no logran acceder a una atención oportuna y continua.