El Gobierno de Santa Fe concretó este lunes la primera notificación formal contra los padres de un menor identificado como autor de una amenaza de tiroteo a una institución educativa. Bajo la premisa de recuperar el gasto público y desalentar este tipo de conductas, el Estado intimó a los responsables al pago de 6.024.944 pesos, monto que cubrió el despliegue policial y de seguridad derivado de la falsa alarma.
El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, confirmó que la notificación se realizó en la ciudad capital y relató que la reacción del padre al recibir el documento fue la frase: “Cara la jodita”. Esta medida administrativa y patrimonial buscó resarcir a los santafesinos por los recursos utilizados, tales como combustible, despliegue de móviles y horas de servicio de brigadas especializadas.
Procedimiento y consecuencias legales
La intimación no funcionó como una sanción penal, sino como una indemnización civil amparada en el Código Civil y Comercial. El proceso estableció reglas estrictas para los involucrados:
Plazo de pago: Los padres contaron con cinco días hábiles para cancelar la deuda.
Ejecución judicial: De no efectuarse el pago, los antecedentes pasaron a la Fiscalía de Estado, lo que habilitó el inicio de juicios por cobro, embargos o inhibiciones de bienes.
Responsabilidad solidaria: Ambos progenitores fueron notificados y debieron responder por la suma total como responsables legales de las acciones del menor.
Alcance de las investigaciones
Las autoridades informaron que ya se individualizaron a los responsables de 58 hechos similares, lo que involucró a más de 70 personas entre autores materiales y adultos responsables. Según las proyecciones del Ministerio de Seguridad:
Monto total a recuperar: Se estimó que la suma global por los casos validados superó los 250 millones de pesos.
Identificación automática: A medida que la Fiscalía validó las identidades en las causas penales, el sistema emitió de forma automática la intimación económica.
Cálculo exacto: Cococcioni aclaró que el monto no fue arbitrario, sino que se ajustó al costo real y operativo que cada amenaza representó para el erario público.