Por Irina Hauser.
Nada menos que 27 de los imputados en la causa Cuadernos denunciaron que fueron coaccionados por el fiscal Stornelli y el juez Bonadio para involucrar a Cristina Kirchner. Ante semejante despliegue en directo de la corrupción de Comodoro Py, el tribunal intenta salvar el juicio bloqueando la investigación de ese escándalo y hasta puso en veremos la transmisión en vivo de las audiencias.
El tribunal decidió no transmitir las audiencias luego de que en las últimas indagatorias se revelaran presiones del fiscal Carlos Stornelli y el exjuez Claudio Bonadio. Oscar Centeno y Ernesto Clarens, claves en sostener el caso, se negaron a declarar.Arrepentidos que se arrepienten de haberse arrepentido. Empresarios que ahora denuncian aprietes judiciales. Están los que mintieron para no quedar presos y fueron liberados. Pero también los que se negaron a decir lo que el fiscal y el juez pretendían y fueron a la cárcel. Amenazas, robos, seguimientos y advertencias para “involucrar a De Vido y a Cristina”. Hombres de la obra pública que blanquearon lo que era un secreto a voces: que fueron a escribanías a dejar asentadas las irregularidades. Fueron 27, entre exfuncionarios y empresarios, los que relataron presiones sufridas dentro y fuera de tribunales cuando comenzaba la causa “Cuadernos”, y que en las últimas semanas durante las indagatorias destaparon esta olla en el juicio oral. En paralelo, los principales arrepentidos –como el chofer Oscar Centeno y el financista Ernesto Clarens–, cuyos relatos sostienen la causa, optaron por no declarar, se negaron, o sea que no dijeron ni una palabra de lo que ya habían relatado al aceptar ser colaboradores o delatores siete años cuando acusaron a otros para salvarse. Después de todo esto, el Tribunal Oral Federal 7 (TOF7) decidió que las audiencias no se transmitan más por Youtube desde el martes próximo, cuando comience el desfile de testigos.
La medida fue cuestionada por la defensa del exsubsecretario del Ministerio de Planificación, Roberto Baratta, a cargo de Marcos Aldazabal y Elizabeth Gómez Alcorta, y enseguida se sumaron otras. Hasta la fiscal Fabiana León se alineó. “Debe ser la primera vez que coincidimos en algo”, bromeaban los abogados. Los jueces –Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero– tienen que decidir esta semana si dan marcha atrás o sostienen la nueva restricción. Son tantas las anomalías que brotan a borbotones que los planteos de las defensas no cesan. ¿Por qué los arrepentidos pueden no declarar? ¿Cómo se defienden los acusados por ellos? ¿Qué otras pruebas hay? ¿Por qué no declaran los encargados de detenciones humillantes? ¿Y los escribanos que labraron actas del desaguisado que ocurría en Comodoro Py? Si fuera por el sentido común, todo esto debería conmover el desarrollo del juicio. Habrá que ver si los jueces mantienen la tónica de seguir pateando las decisiones para el final, que podría ser en un año o dos.
Entre los primeros testimonios están citados el periodista de La Nación Diego Cabot, quien recibió las fotocopias de los cuadernos de Oscar Centeno que dieron origen al expediente y más de un año después alguien le dio seis originales; la exesposa de Centeno, Hilda Horovitz, quien durante la etapa de instrucción relató que sabía que el chofer escribía los cuadernos y que planeaba entregarlos (no sabe a quién) “en caso de que Baratta, al terminar la gestión en el Ministerio, no lo ubique en otro trabajo”; la exsecretaria de Néstor Kirchner Miriam Quiroga, famosa por haber instalado la leyenda de bolsos llevados a Olivos a Santa Cruz en una denuncia que fue cerrada por inexistencia de delito; el policía retirado Jorge Bacigalupo, quien guardó los cuadernos y les hizo enmiendas; y el arrepentido de “la ruta del dinero K” Leonardo Fariña. Es solo el comienzo: serán más de 600.
Silencios, mentiras y denuncias
En la lista de los arrepentidos que por ahora decidieron callar, Centeno y Clarens no fueron actores de reparto: los cuadernos del remisero, las listas del financista (de quienes dijo que le entregaban dinero que recaudaba) y sus relatos de 2018 ante el fallecido juez Claudio Bonadío y el fiscal Carlos Stornelli, determinaron la acusación contra una cadena de dueños y CEOs de la obra pública y funcionarios, que –a la vez—si no se arrepentían quedaban privados de la libertad. Guardaron silencio también en el juicio ciertos empresarios que habían asumido el papel de imputados colaboradores: desde Angelo Calcaterra y su mano derecha Javier Sánchez Caballero (IECSA), Aldo Roggio (Grupo Roggio), Marcela Sztenberg (Equimac), Miguel Aznar (Vialco S.A y Decavial), Gerardo Cartellone, Gabriel Romero, Gabriel Losi hasta Patricio Gerbi, entre otros.
Otros empresarios introdujeron matices. Juan Carlos De Goycochea, de la española Isolux, rectificó lo dicho como colaborador: reconoció pagos, pero dijo que eran aportes de campaña, que no habían sido 17 sino siete y que Centeno le adjudica entregas en fechas en las que estaba de viaje. Sobre el chofer, que había declarado en España, señaló: “Centeno dijo que no tenía idea de qué era Isolux, quién era, quiénes éramos, qué montos pagábamos y no conocía siquiera si los domicilios eran de Isolux”. Carlos Mundin, el dueño de la constructora BTU, recordó que lo pasearon esposado ante periodistas a modo de “humillación”, aseguró que “jamás” entregó dinero “bajo ningún concepto” y que le ofrecieron arrepentirse pero no iba a mentir.
Gerardo Ferreyra, de Electroingeniería, uno de los pocos que ya había detallado los aprietes volvió a compartir ese relato. Le decían que su familia lo esperaba en el pasillo y si colaboraba se podía ir con ellos en libertad. Cuando él preguntó “¿arrepentirme de qué?” la respuesta fue “de haber colaborado con estos mugrientos” (mientras señalaba a la Casa Rosada). No aceptó y quedó más de un año preso.
La mayor sorpresa llegó en los relatos de empresarios, algunos arrepentidos, que admitieron que mintieron para no perder la libertad. “Me vi obligado a reconocer pagos en una situación de coacción psicológica. Nunca, bajo ningún concepto entregué dinero. Pero si no lo aceptaba, me detenían”, declaró Mario Rovella, dueño de la constructora Rovella-Carranza, una de las más grandes del país. Rovella informó que el día previo a su declaración fue a una escribanía y dejó asentado que iba a mentir para mantener la libertad. El dueño de Cleanosol Argentina, dedicada a la señalización de rutas, Oscar Sansiseña relató lo mismo: adelantó en una escribanía que mentiría en la declaración y aseguró que nunca pagó nada. El director y gerente de la firma, Guillermo Escolar, hizo lo propio. Daniel Pitón, de José Eleuterio Pitón S.A también dijo que armó un relato para evitar la cárcel. “A Clarens no le entregué ni un peso, ni a Clarens ni a nadie”, se despachó. Rodolfo Perales, de Perales Aguiar S.A, empresa de ingeniería vial y civil, fue breve y contundente: “Lo que dije de entregar dinero a Clarens, no fue. La declaración que hice fue por miedo de quedar detenido si no lo hacía”.
En algunos casos fueron los defensores de los empresarios quienes asumieron el relato. El defensor de Carlos Wagner, extitular de la Cámara de la Construcción –cuyo relato como arrepentido llevó a otras detenciones—aseveró: “Wagner hubiera confesado que integraba la banda del Gordo Valor, Wagner hubiera confesado que hizo el túnel en su calidad de ingeniero para robar el Banco Río en Acassuso, el tema era gozar de la libertad”. El letrado de Roggio, Jorge Valerga Aráoz (hijo) repasó que cuando Bonadío quería que dijera que había pagado retornos a cambio de subsidios para Metrovías, dijo dos veces que no había pagado nada. “¿Por qué no lo piensa?”, le aconsejó el juez en tono de amenaza. “El que avisa no traiciona”, agregó el juez. El abogado dijo que sabían que si no decía lo que Bonadío quería escuchar, iban a detenerlo.
Cristóbal López y Fabián de Sousa –del Grupo Indalo– sorprendieron con un dato: fueron involucrados cuando Clarens, bajo amenaza de quedar detenido tras seis declaraciones, cambió su relato original, en el que había involucrado al Grupo Petersen en pagos ilegales que él recaudaba pero de pronto dijo que se había confundido una sigla: que no era PTC (Petersen, Thiele & Cruz de la familia Eskenazi) sino CPC, la constructora de Indalo. López y De Sousa dicen que no conocen a Clarens y que el punto es que Bonadio era amigo de Sebastián Eskenazi.
Los exfuncionarios también
Entre los exfuncionarios indagados, el exsecretario de Obras Públicas, José López, aseguró: “Nunca vi a Cristina Kirchner como organizadora o jefa de una asociación ilícita, tampoco lo vi en ese sentido a Julio de Vido”.
Hubo una indagatoria en particular, la de Juan Pablo Schiavi, exsecretario de Transporte, que evidenció el mecanismo con el que iban “cayendo” los funcionarios implicados, en base a lo que decían “arrepentidos” cuyos relatos al día de hoy no tienen evidencia que los respalden, con el problema agregado de que se niegan a declarar. ¿Vale la sola palabra de ellos? Gabriel Romero, en su caso, declaró para evitar la cárcel que “había visto en los medios que Roggio manifestó en el marco de un acuerdo de colaboración que su empresa debía pagar a los funcionarios del gobierno anterior un 5% de los subsidios que cobraba. Esto es cierto, lo puedo confirmar”. Schiavi explicó que no respondería preguntas si sus abogados no pueden interrogarle a Romero, pero se tomó un buen rato para refutar la acusación y explicar por qué es imposible que le endilguen asociación ilícita y cohecho.
El exasesor legal de Planificación, Rafael Llorens, relató que Stornelli “me intentó hacer confesar cosas que no quería confesar ni que pensaba confesar y que tampoco habían pasado”. A su esposa le hacían llegar mensajes para que se arrepintiera. Estuvo ocho meses detenido. En un día de visitas en la cárcel, que fue el 17 de octubre, a un amigo que había ido a verlo le robaron la camioneta en la puerta del penal, y esa misma tarde a su esposa se le metieron en su vehículo en Banfield y le quitaron solo el celular. Baratta contó que cuando estaban por detenerlo en un caso vinculado, conocido como GNL, lo pararon en la calle y le dijeron que la única forma de evitarlo “era que involucre a Julio De Vido y a Cristina Kirchner” y cuando lo arrestaron el propio Stornelli le dijo lo mismo a su esposa. Oscar Thomas, exdirector de Yacyretá, recordó que su abogado, José Manuel Ubeira, le reprodujo lo que Stornelli decía: “había sortijas para pocos”. El decidió afrontar la detención.
Más de un exfuncionario se vio en la situación de ponerse a explicar que tanto la fiscalía como la Unidad de Información Financiera ponen sospechas en cuestiones que son mecanismos habituales. Nelson Periotti, extitular de la Dirección de Vialidad, lo señaló respecto de las redeterminaciones de precios, que son habituales en contextos inflacionarios y con insumos dolarizados. Tampoco serían per se delictivos los pagos de certificados de obras y los llamados entre empresarios y funcionarios.
Dilemas del juicio
El martes 14 de abril, ningún arrepentido quiso declarar. Así, sobre las “confesiones” de 2018 de esos imputados colaboradores, ningún defensor puede preguntar. “Hay imposibilidad de contrainterrogar” y así se “vulnera el derecho a defensa del señor Julio de Vido”, advirtieron los abogados del ex ministro de Planificación, Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro. La mayoría de las defensas comparten la postura. La del ex funcionario de Vialidad, Sandro Férgola, por caso, dijo que el silencio de los arrepentidos impide “otorgarle cualquier tipo de valoración” como prueba a su relato y que el acuerdo de colaboración “se tornaría estéril”. ¿El único apoyo documental son los cuadernos de Centeno y las listas de Clarens? El reclamo es que el tribunal oral reconsidere el beneficio otorgado a los arrepentidos (hablan a cambio de una pena morigerada) si callan y no hay forma de verificar lo que dijeron, tal como exige la ley.
Junto con eso, dice Rusconi, “el devenir de las audiencias está llevando a un lugar insostenible la decisión de la fiscal de no investigar el contexto profundamente inmoral, antijurídico, violatorio del estado de derecho donde nació esta investigación”. Por ahora, los pedidos de extraer testimonios para denunciar y que se investiguen los aprietes denunciados en las audiencias, fueron rechazados por los jueces, que dijeron que al final del juicio lo van a considerar.
Medidas pedidas
El martes último, Carlos Beraldi –abogado de CFK—hizo una extensa presentación ante el tribunal, donde recopila los casi 30 relatos de aprietes e irregularidades escuchados en las últimas semanas en el juicio. Con eso pidió, con adhesión de otras defensas, una serie de medidas: la nómina de agentes del Servicio Penitenciario, Policía Federal y Gendarmería que participaron en traslados de los detenidos para que declaren; que testifiquen los escribanos que protocolizaron los relatos de empresarios que dejaron constancias de anomalías y coacción y que se rastree (vía Colegio de Escribanos) la posible intervención de otros escribanos; testimonios de familiares de Baratta y Llorens; se certifiquen causas contra el hijo de Bonadio (que explicaría la aparición de Sebastián Eskenazi respaldándolo con un mutuo) y que la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO) informe contactos de Esquenazi y/o el Grupo Petersen con Bonadío.(Fuente: Pagina 12)