Chiquita y su propio garrote. Infiernos bananeros, paraísos fiscales

Sergio Ferrari
Las viejas mañas de la otrora transnacional United Fruits Company se
perpetúan en su ADN empresarial. Su heredera, la bananera Chiquita, con sede
en Suiza, escandaliza por sus prácticas abusivas en varios países de América
Latina.
En particular, su lógica productiva en Guatemala, lo cual motivó una investigación-
reportaje in situ que Public Eye (Mirada Ciudadana) publicó a mediados de abril. Una
denuncia pública contra esa transnacional bananera, que vuelve a ocupar por
enésima vez un incómodo lugar en el banquillo de los acusados por violaciones de
derechos humanos y el medio ambiente. “En Guatemala”, concluye Public Eye,
“reina un clima de miedo y desconfianza en todas las plantaciones”
(https://stories.publiceye.ch/toxic-bananas/).
Ejemplos esclarecedores, conclusiones inapelables
En las plantaciones de los subcontratistas de Chiquita en el sur de Guatemala, las
condiciones laborales riman con explotación y representan graves riesgos para la
salud de los trabajadores agrícolas. Miles de obreras y recolectores de banano
trabajan hasta doce horas diarias bajo un calor y una presión sofocantes y por
salarios que a menudo están por debajo de los mínimos legales, de por sí irrisorios.
Y habitualmente expuestos, sin protección alguna, a la fumigación aérea con
pesticidas prohibidos en muchos otros lugares por su nocividad. Como el mancozeb,
el más común, proscrito desde hace años en la Unión Europea y en la misma Suiza
por sus efectos tóxicos muy graves sobre los seres humanos y la fauna.
Quienes se atreven a criticar estas condiciones laborales abusivas o intentan
organizarse en un sindicato corren el riesgo de ser despedidos y terminar en una
lista negra que les impide encontrar otro trabajo. Mediante este conjunto de
condiciones represivas y antisociales, argumenta el informe de Public Eye, Chiquita
procura “alcanzar sus infernales objetivos de producción”. Con serias consecuencias
para el bienestar físico y emocional de las y los trabajadores agrícolas, muchos de
los cuales acuden a métodos perjudiciales. Por ejemplo, el uso y abuso de la bomba,
una mezcla casera del opioide tramadol y la bebida energizante Raptor, y que
suprime el apetito, reduce la fatiga y proporciona una falsa sensación de bienestar.
En algunas plantaciones, los trabajadores consumen hasta siete porciones de este
coctel explosivo por día tan solo para mantenerse en pie. Durante los últimos años,
como constató a fines de 2024 la revista guatemalteca de investigación No Ficción,
los casos de Enfermedad Renal Crónica (ERC) se han multiplicado por cinco,
convirtiendo esta dolencia en la de crecimiento más rápido en ese país.
Si bien la explosión de ERC es un problema nacional, se expresa de forma
especialmente aguda en la costa sur, donde ya es la segunda causa de mortalidad.

Los expertos en medicina coinciden en que el trabajo en la agroindustria es “un
factor fundamental [de este incremento debido a que] miles de cortadores de caña o
banano abusan de bebidas energizantes y analgésicos para producir lo más posible
en un régimen laboral que los incentiva a ello”. Cuando comienzan a enfermarse,
alega No Ficción, las empresas dejan de contratarlos y los trabajadores pierden
acceso a la Seguridad Social (https://no-ficcion.com/hasta-que-los-rinones-aguanten/).
Chiquita hace la vista gorda ante estos abusos y responde a las protestas con
represión, despidos o reubicación, como sucedió en 2025 en Panamá, cuando entre
mayo y julio cesanteó a 6.500 personas trabajdoras como reacción a las protestas
sindicales. Y en el caso específico de Guatemala, trasladó gran parte de su
producción del norte al sur porque allí la sindicalización es menor y, en
consecuencia, existe una capacidad de protesta menos significativa.
Complicidad europea
Según Public Eye, el modelo de negocio que inspira y promueve Chiquita, propiedad
a partes iguales de las familias de origen brasilero Safra y Cutrale, cuenta con dos
pilares fundamentales y complementarios. Por un lado, la explotación mediante
salarios injustos y condiciones laborales inhumanas en los países productores; por el
otro, el voraz aprovechamiento de ventajosas condiciones fiscales en paraísos
fiscales, como Étoy, en el cantón suizo de Vaud.
Gracias a esta opción, Chiquita viene pagando menos de 7 % en impuestos sobre
ganancias. Se trata de condiciones fiscales extremadamente favorables, y por esa
razón sus principales competidoras, las multinacionales Fyffes y Del Monte, también
establecieron oficinas centrales en territorio suizo. Fyffes, originariamente radicada
en Dublin, Irlanda, ahora opera desde Ginebra. Del Monte, con sede en Coral
Gables, Estados Unidos, instaló una importante filial (Del Monte Internacional GmbH)
en el cantón de Zug, conocido por ofrecer los mayores beneficios fiscales.
Según Public Eye, buena parte de los miembros inversionistas del grupo Safra,
dueño además del banco del mismo nombre y con una fortuna total familiar de 25 mil
millones de dólares, se domicilia en Crans Montana, en el cantón de Valais. Y la
familia Cutrale, importante comercializadora de productos frescos, reside en
Aurbundale, Florida, y Cologny (Ginebra). Se calcula conservadoramente que desde
en la última década los dos grupos familiares han ganado 1.600 millones de dólares
producto de las actividades de Chiquita.
Control ambiguo
Casi toda la producción de Chiquita cuenta con el sello de calidad de Rainforest
Alliance, organización internacional que se autodefine como líder mundial en
certificación de agricultura sostenible. Sin embargo, como alega Public Eye, “las
condiciones laborales documentadas en las plantaciones guatemaltecas violan los
estándares impuestos” por dicha agencia. Por ejemplo, el empleo ininterrumpido de
mancozeb por los subcontratistas de Chiquita gracias a las “exenciones temporales”
otorgadas desde hace años (https://www.rainforest-alliance.org/es/para-negocios/).

Lo del mancozeb es por demás preocupante. Prohibido en la Unión Europea en
2020 y en Suiza en 2021 tras clasificárselo como agente disruptor endocrino y tóxico
de la reproducción, con potenciales malformaciones cerebrales en el feto, y además
como cancerígeno, muchas empresas siguen utilizándolo en países donde las
regulaciones y controles son menos estrictos, como Guatemala. El gigante
agroquímico Syngenta -con su sede en Basilea, Suiza- sigue vendiéndolo también
en Guatemala.
La legitimidad certificadora de Rainforest Alliance es materia de controversia, con
opiniones tan diversas como contradictorias. Algunas organizaciones, incluso varias
ONG ambientalistas reconocidas, la apoyan; otras, son cada vez más críticas. Ya en
2024 un artículo de la organización Consumo Ético se refería a esta variedad de
puntos de vista y señalaba que la certificación incorpora importantes medidas de
protección para los agricultores, así como normas estrictas sobre deforestación.
Pero, por otra parte, que padece deficiencias en áreas vitales, principalmente en lo
que respecta al salario digno, pue si bien exige que las explotaciones
agrícolas avancen hacia el mismo, los productores pueden mantener la certificación
aun sin haber alcanzado este objetivo.
Además, hay dudas con respecto a la capacidad de Reinforest Alliance de garantizar
el control efectivo que asegure que las explotaciones agrícolas cumplan con todas
las normativas. Por ejemplo, como ha comprobado la investigación de Consumo
Ético, aunque el proceso de certificación suele evaluar las fincas agrícolas mediante
auditorías in situ, Rainforest Alliance solo exige este tipo de visitas para las unidades
productivas consideradas como de “riesgo medio o alto”. Incluso en esos casos, las
visitas pueden realizarse cada tres años cuando se trata de riesgo medio. Y si se
detectan abusos, Rainforest Alliance generalmente no retira la certificación. Lo único
que establece es un mecanismo de reclamación y procesos de reparación para
identificar y abordar cualquier infracción detectada. Este enfoque puede ser
constructivo, como lo ha demostrado con el problema del trabajo infantil en la
industria del cacao, donde la mayoría de las fincas pertenecen a pequeños
productores. Sin embargo, hay menos evidencia de su idoneidad para el control de
otras deficiencias y violaciones (https://www.ethicalconsumer.org/food-drink/is-rainforest-
alliance-ethical).
En el caso concreto de la reciente investigación en Guatemala, Public Eye contactó
a Rainforest Alliance para proporcionarle confidencialmente los nombres de dos
fincas donde se habían observado abusos particularmente graves. La organización
de certificación respondió que las auditorías no pueden “encontrar todo, en todas
partes, todo el tiempo” y que ningún sistema puede garantizar la ausencia total de
violaciones en una cadena de suministro. Según Public Eye, esta certificación tiene
reputación cuestionable entre algunos sindicatos latinoamericanos, que la critican
por no proteger adecuadamente los derechos de los trabajadores y además ser un
instrumento que favorece el blanqueo ambiental.
Denuncia y movilización contra Chiquita
En Guatemala, los trabajadores, que transportan hasta nueve toneladas de plátanos
al día para los subcontratistas de Chiquita, siguen viviendo en condiciones precarias.

“¡No permitamos que una empresa suiza tolere estos salarios de miseria! ¡Únete a la
protesta! Juntos, presionemos a Chiquita”. Con esta presentación tan simple como
ejemplificadora, a fines de abril Public Eye convocó una manifestación –por el
momento, virtual– para demandar el pago de salarios mínimos legales, medidas de
protección contra el uso de pesticidas y el respeto a la libertad de
asociación/sindicalización. Si Chiquita no cumple con estas demandas, advierte
Public Eye, “realizaremos una protesta pacífica frente a la sede de la empresa en la
comuna de Etoy” (https://www.publiceye.ch/fr/thematiques/matieres-premieres-agricoles/stop-
chiquita).
Por otra parte, Public Eye espera que Chiquita les exija a sus subcontratistas que
respeten las leyes guatemaltecas y los convenios de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT). “Ya es hora de que las empresas suizas rindan cuenta por los
abusos cometidos en sus cadenas de suministro”, enfatiza el pliego de
reivindicaciones de Public Eye, que en pocas horas recibió la adhesión de más de 3
mil firmas. Entre ellas, organizaciones sociales helvéticas como Claro (por el
comercio justo), como Solifonds (de solidaridad con los movimientos sociales del
sur), Caritas Suiza, la Coalición por Multinacionales Responsables, la red de
solidaridad América Central, CETIM (Centro Europa Tercer Mundo), Brücke Le Pont
(El Puente), Multiwatch (de vigilancia de las políticas de las transnacionales suizas),
así como FIAM, OMG que lucha a favor del derecho a la alimentación.
Nuevamente, la transnacional Chiquita, se sienta en el banco de los acusados
empujada por voces críticas de la opinión pública internacional que denuncian el
estrecho camino entre el infierno bananero centro y sudamericano y los privilegios
fiscales en Suiza. Una acusación particularmente importante ya que en mayo de
2025 la sociedad civil suiza logró 287 mil firmas para que se decida en las urnas una
nueva iniciativa «Por una Empresa Responsable: Para la Protección de las Personas
y el Medio Ambiente». La misma tiene como objetivo exigir a las multinacionales
helvéticas y sus filiales que respeten los derechos humanos y las normas
medioambientales en sus operaciones comerciales.