el Gobierno provincial busca recuperar más de 250 millones de pesos gastados en falsas alarmas. La medida se basa en la responsabilidad civil de los tutores, quienes deberán afrontar el costo del despliegue policial y logístico.
Ante la creciente ola de amenazas e intimidaciones que han afectado el normal funcionamiento de los establecimientos educativos en Entre Ríos, el Ejecutivo provincial ha decidido golpear el bolsillo de los responsables. En una reunión interministerial e interdisciplinaria, autoridades del Consejo General de Educación (CGE), la Policía de Entre Ríos, el Copnaf y el área de Justicia definieron un protocolo para que los padres o tutores de los menores identificados asuman el costo financiero de los operativos de seguridad.
Reparación civil: un giro en la estrategia legal
A diferencia de los procesos penales, que suelen encontrar limitaciones cuando los autores son menores de edad, la provincia avanzará por la vía de la reparación civil por daños y perjuicios. Las autoridades se amparan en los artículos 1753 y 1755 del Código Civil y Comercial de la Nación, que establecen la responsabilidad directa de los progenitores por los daños causados por sus hijos.
«Cada vez que se activa un protocolo por amenaza de bomba o tiroteo, se movilizan recursos humanos, logísticos y tecnológicos con un costo altísimo para los contribuyentes. Ese despliegue configura un daño patrimonial que el Estado no debe absorber», sentenciaron las autoridades tras el encuentro.
Un gasto de 250 millones de pesos
El impacto económico de estas «bromas» o mensajes intimidatorios es significativo. Durante el cónclave, la cúpula de seguridad estimó que el acumulado de los operativos realizados hasta la fecha supera los 250 millones de pesos. Este monto contempla:
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Despliegue de patrulleros y móviles logísticos.
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Intervención de brigadas de explosivos y personal especializado.
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Horas hombre de agentes que son detraídos de las tareas de prevención del delito común en las calles.
Identificación de los autores
Gracias al trabajo de inteligencia tecnológica de la Policía de la Provincia, ya se ha logrado individualizar a la mayoría de los autores de las amenazas en diversas localidades. Con esta información, la provincia iniciará las acciones legales correspondientes para que los tutores legales afronten el pago de los costos operativos facturados.
El rol de la familia y el impacto social
De la reunión participaron figuras clave como el presidente del CGE, Carlos Cuenca; el jefe de Policía, Claudio González; el secretario de Justicia, Julián Maneiro, y el juez de Niños y Adolescentes, Pablo Barbirotto. Todos coincidieron en exhortar a las familias a supervisar el uso de dispositivos digitales de los jóvenes.
Desde el Copnaf fueron tajantes: no se trata de una travesura estudiantil, sino de un delito penal que genera alarma pública y malgasta recursos vitales. Con esta medida, Entre Ríos busca sentar un precedente que frene la proliferación de estos incidentes y asegure que el patrimonio público no se vea afectado por conductas irresponsables.