El Gobierno de Entre Ríos dio un paso firme para frenar la ola de intimidaciones en establecimientos educativos mediante una estrategia de resarcimiento económico. Tras una reunión interministerial que convocó a autoridades del CGE, la Policía, la Secretaría de Justicia y el ámbito judicial de minoridad, se definió que la provincia impulsará acciones civiles contra los padres o tutores de los menores identificados, con el fin de recuperar los fondos públicos malgastados en protocolos de seguridad.
Las autoridades señalaron que, independientemente del proceso penal, el Estado entrerriano no debe absorber el daño patrimonial derivado de conductas irresponsables. Para ello, se ampararán en el Código Civil y Comercial de la Nación, que establece la responsabilidad de los progenitores por los actos de sus hijos, buscando así un efecto ejemplificador que desaliente estas prácticas.
Un despliegue millonario en recursos públicos
La movilización de fuerzas de seguridad por amenazas de bomba o ataques armados representó un costo altísimo para las arcas provinciales:
Impacto económico: Se estimó que el gasto acumulado en los operativos ya superó los 250 millones de pesos.
Recursos movilizados: El cálculo integró el uso de brigadas de explosivos, móviles policiales, tecnología de rastreo y horas de servicio de personal especializado.
Costo de oportunidad: Los funcionarios advirtieron que este despliegue obligó a detraer recursos que debieron destinarse a la prevención del delito común y la seguridad ciudadana.
Identificación y responsabilidad familiar
Gracias a las tareas de inteligencia tecnológica de la Policía de Entre Ríos, ya se logró identificar a gran parte de los autores de estos mensajes. Durante el encuentro, el COPNAF hizo un especial hincapié en la supervisión del uso de dispositivos digitales por parte de los jóvenes, subrayando que estos hechos no pueden ser considerados “bromas estudiantiles”, ya que generan alarma pública y alteran el derecho a la educación.
La medida buscó que las familias asuman un rol activo en el control de sus hijos, entendiendo que el daño provocado tiene consecuencias legales y financieras directas sobre el patrimonio familiar. Con el apoyo de la Secretaría de Justicia, se agilizarán los expedientes para que las demandas civiles se inicien de manera inmediata una vez confirmada la autoría en sede judicial.