El director regional del INTA en Entre Ríos, Jorge Gvozdenovich, advirtió sobre las graves consecuencias que tendrá el plan de retiros voluntarios impulsado por el Gobierno de Javier Milei en la estructura técnica del organismo. La medida, enmarcada en una drástica reorganización administrativa, generará vacantes críticas en áreas estratégicas para la provincia, afectando de manera directa el asesoramiento y la investigación en sectores clave como la citricultura, la biodiversidad y el manejo del bosque nativo.
La preocupación central radica en la pérdida de recursos humanos altamente calificados y en la imposibilidad de reponer dichos cargos, lo que derivará en un desmantelamiento de líneas de extensión que sostienen a productores de diversas escalas. Según el funcionario, el “reacomodamiento” forzado por el ajuste fiscal dejará puestos descubiertos en temáticas sensibles, limitando la capacidad operativa de una institución que históricamente evitó la marginalidad productiva de Entre Ríos.
Sectores en riesgo y fuga de conocimiento
El impacto del recorte nacional se sentirá con mayor fuerza debido a la especificidad técnica de los profesionales que podrían abandonar el organismo. Gvozdenovich detalló los puntos de mayor vulnerabilidad:
Citricultura: La extensión y el apoyo técnico en esta actividad emblemática del noreste entrerriano perderán su capacidad de respuesta inmediata ante las demandas del sector.
Biodiversidad y Bosque Nativo: Áreas vinculadas a la sustentabilidad quedarán desprotegidas ante la falta de personal especializado para monitorear y gestionar los recursos naturales.
Fuga de Saber: La institución perderá décadas de conocimiento acumulado que no tendrá continuidad, debilitando el soporte científico-tecnológico del sistema agrobioindustrial.
Un futuro de respuestas acotadas
El próximo 15 de junio será la fecha límite para las adhesiones al retiro, momento en el cual el INTA Entre Ríos deberá realizar un inventario de sus capacidades remanentes. El director regional admitió que, bajo este nuevo esquema de retracción estatal, el organismo se verá obligado a ofrecer una atención mucho más limitada y acotada a las necesidades de los productores.
Si bien se intentó presentar este proceso como una “reconfiguración necesaria”, lo cierto es que la capacidad de intervención pública en la transformación productiva provincial quedará severamente condicionada. El ajuste, lejos de ser una mera readecuación administrativa, se perfila como un factor que compromete la sustentabilidad y el desarrollo tecnológico que posicionaron a Entre Ríos en el mercado nacional e internacional.