El Gobierno nacional formalizó un drástico recorte presupuestario del 2% en toda la Administración Pública que, en el área del Ministerio de Salud, se tradujo en una quita directa de $63.000 millones. Sin embargo, el ajuste real sobre la cartera sanitaria es significativamente mayor si se analiza el reordenamiento de las partidas desde el inicio del ciclo 2026: el presupuesto inicial previsto en $7,4 billones sufrió una actualización a la baja de más de 741.000 millones, fijando el crédito vigente en $6,66 billones. A este panorama de desfinanciamiento se sumó una bajísima ejecución presupuestaria que, promediando la primera mitad del año, apenas alcanzó el 31,5%.
Desde el Ejecutivo nacional argumentaron que la modificación publicada en el Boletín Oficial respondió a la necesidad de “ordenar la inversión sanitaria para hacer más eficiente el sistema”. No obstante, exfuncionarios y especialistas advirtieron que la medida desmanteló estructuras esenciales de contención social y sanitaria, trasladando de forma intempestiva el costo de las prestaciones a las administraciones provinciales.
Desmantelamiento del Plan Remediar y quita en medicamentos
Uno de los puntos más críticos del ajuste se centró en el Programa 29, denominado “Acceso a Medicamentos, Insumos y Tecnología Médica”, el cual sufrió una poda de $20.000 millones. El exsecretario de Salud, Adolfo Rubinstein, y el director de IPEGSA, Rubén Torres, coincidieron en alertar sobre el impacto social de esta decisión:
Plan Remediar: La histórica política pública que desde 2002 distribuye botiquines gratuitos con medicamentos esenciales (antibióticos, anticonceptivos y tratamientos crónicos) a los centros de atención primaria de todo el país comenzó a ser desmantelada bajo la premisa oficial de que deben financiarla las provincias.
Sectores vulnerables: Al afectar la provisión de insumos básicos en las salas de los barrios, la medida impactará de forma directa en el bolsillo de las poblaciones con menores recursos, encareciendo el acceso a la salud.
Ajuste en tratamientos oncológicos e INCUCAI
El recorte también golpeó con dureza a los pacientes con patologías complejas y de alto costo. El área destinada a la cobertura del cáncer sufrió una quita de $5.000 millones, lo que representó una reducción del 33% respecto de los $15.000 millones previstos originalmente para este año. En este sector, los datos de ejecución resultaron alarmantes: hasta mediados de mayo, el Estado solo ejecutó el 6,2% de los fondos vigentes ($641 millones).
Este retroceso presupuestario puso en riesgo la continuidad operativa de subprogramas sensibles, entre los que se destacaron:
El Banco de Drogas Oncológicas y Especiales.
Los tratamientos para patologías especiales y de alto precio.
La asistencia integral al paciente trasplantado y el presupuesto del INCUCAI.
La provisión de medicamentos y tecnologías por orden judicial y amparos de salud.
Menos fondos para el dengue y vacunas
El impacto federal del ajuste se concentró en el ítem “Fortalecimiento de los Sistemas Provinciales de Salud” —vinculado al programa SUMAR+—, el cual perdió $25.000 millones en transferencias directas a las jurisdicciones. Los analistas señalaron que esta quita profundizará las asimetrías sanitarias existentes en el país, perjudicando principalmente a las provincias con menores recursos estructurales, como las del norte argentino.
Finalmente, el decreto recortó fondos en programas de prevención epidemiológica esenciales en el actual contexto sanitario de la región. El área de Prevención y Control de Enfermedades Endémicas (encargada de la vigilancia y el combate de vectores como el mosquito del dengue) sufrió una baja de $1.500 millones. Asimismo, se registraron quitas de $500 millones en el programa de Enfermedades Inmunoprevenibles (vacunas), $800 millones en la respuesta al VIH, hepatitis y tuberculosis, y $900 millones en Salud Sexual y Procreación Responsable. En paralelo, organismos descentralizados como el Instituto Malbrán y la SEDRONAR absorbieron un recorte conjunto de $3.195 millones.