Vecinos autoconvocados demandan al municipio y la Justicia por la erradicación de un criadero de chanchos ilegal

Vecinos de la zona comprendida entre calles Entre Ríos, Pedro Duarte , Laprida y España denuncian que en la intersección de calles Sarmiento y Grimberg, lindero a las vías del ferrocarril del ramal Concordia-Salto, se encuentra instalado desde fines del 2019 un importante criadero ilegal de porcinos con el consiguiente basural que está actividad produce. Los vecinos juntaron cientos de firmas y solicitaron por medio de notas a distintas direcciones de la municipalidad el desalojo del criadero, pero no han tenido respuesta satisfactoria a la fecha y aseguran sentirse desprotegidos por la inacción de las autoridades competentes. En tanto, los propietarios de los terrenos también iniciaron las demandas judiciales contra quienes usurparon esos espacios para instalar sus chiqueros.

Los vecinos de la zona comprendida entre calles Entre Ríos, Pedro Duarte, Laprida y España (zona noreste de la ciudad) juntaron cientos de firmas para solicitar el desalojo de un criadero de chanchos. Según la información brindada a DIARIOJUNIO, fueron varias las notas elevadas a las autoridades competentes del municipio de la ciudad, tanto para Saneamiento Ambiental, Veterinaria, Bromatología e incluso el propio intendente Alfredo Francolini habría sido también alertado del peligroso foco de infección y enfermedades asentado en aquel barrio que se ha vuelto una zona muy poblada en los últimos diez años.

Los vecinos aseguran que las personas que instalaron “impunemente” ese criadero incumplen con las ordenanzas vigentes que establecen la sanidad par el cuidado del medioambiente, ya que los chiqueros implican una problemática compleja, dado que para alimentar a los animales se utilizan los residuos orgánicos de la recolección, lo que genera focos de contaminación y malos olores, charcos putrefactos y, sumados a estos, los desechos de los animales y las quemas de los desperdicios, creando un ecosistema propicio para la propagación de infecciones, criaderos de ratas, moscas, mosquitos y otras alimañas.

Los vecinos autoconvocados afirman que no sólo ellos se ven afectados sino que en un radio menor a los 600 metros, incumpliendo las distancias mínimas establecidas en la “Guía para la habilitación de criaderos porcinos en Entre Ríos” (la misma establece, por razones de bioseguridad, 2000 metros de distancia para las zonas pobladas y 600 metros respecto de establecimientos o fábricas que elaboran productos alimenticios), se encuentran dos lugares donde se elaboran comidas y, en un radio menor a los 300 metros, hay 6 establecimientos educativos: El colegio privado San Antonio, un jardín maternal particular, la Escuela Especial para Sordos e Hipoacúsicos, la escuela primaria Lavarden Nº4, la Unidad Educativa Inicial Nº20 y la escuela secundaria Nº8 “Don Augusto Niez”.

En la nota también destacan que “como si fuera poco” a 250 metros se encuentra la nueva planta potabilizadora de agua que abastecerá a la ciudad y a 450 metros el Hospital Delicia Concepción Masvernat.

El reclamo consta desde el 4 de febrero de 2019 y las notas presentadas ante los diferentes estamentos municipales son del mismo mes, antes del inicio de la pandemia de coronavirus, por lo que afirman que no habría excusa para lo que consideran una total inacción por parte del municipio.

Nota a Dirección de Bromatología Municipal. 12 de Febrero 2020

Nota al Depto. de Inspección Veterinaria Municipal. 11 de febrero 2020

Nota a Dirección de Saneamiento Ambiental. 12 Febrero 2020

Nota a la Secretaría de Medioambiente Municipal. 11 de febrero de 2020

El criadero de porcinos estaría además usurpando tierras fiscales y privadas porque está emplazado en parte sobre terrenos pertenecientes a Ferrocarriles Argentinos y sobre terrenos de particulares, por lo que los propietarios iniciaron las demandas judiciales que están en manos de la Fiscal María José Fonseca y el mediador Jacinto Arab. Por intermedio de este último se logró la firma de un convenio judicial con los criadores de porcinos, pero la Fiscal José María Fonseca aún no lo ha hecho cumplir, a pesar de que -aseguran los denunciante- está ampliamente vencido el plazo.