21 abril, 2024

Juicio por el asesinato de Fernando Báez Sosa

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Hugo Tomei pidió la absolución de todos los acusados. Un día antes, los fiscales y Fernando Burlando, solicitaron una pena de prisión perpetua para los ocho rugbiers. En sus últimas palabras, los imputados le pidieron perdón a los padres de la víctima.

Luego de tres semanas de audiencias en las que declararon testigos, peritos y acusados, el juicio llegó al último tramo. El miércoles la fiscalía y la querella hicieron sus alegatos y pidieron que los rugbiers sean condenados a prisión perpetua; mientras que el jueves la defensa pidió la absolución de todos los acusados o que sean juzgados por el delito de “homicidio en riña”, que prevé una pena máxima de seis años de prisión.

Tras la finalización de los alegatos de las palabras finales de los ocho rugbiers imputados, el Tribunal de Dolores dispuso que “el veredicto o la eventual sentencia va a ser leída el lunes 6 de febrero a partir de las 13 horas”.

El tribunal Oral Nº1 de Dolores está compuesto por su presidenta, María Claudia Castro, y los jueces Christian Ariel Rabaia y Emiliano Javier Lázzaro. Terminada la etapa de alegatos, anunciaron que el veredicto se dará a conocer el 6 de febrero.

María Claudia Castro
Presisde el TOC N°1 desde 2013. Tiene 54 años, es oriunda de Azul y estudió Derecho en la Univerdad Nacional de La Plata (UNLP). Trabajó como asesora letrada de la Policía Bonaerense y fue fiscal en el juicio del fotógrafo José Luis Cabezas, asesinado en 1997.

Christian Ariel Rabaia
Es el vicepresidente del cuerpo, donde desembarcó en 2019. Egresó de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Antes se había dedicado a la actividad privada con un estudio propio en el municipio de Quilmes y, luego, tuvo un largo paso por el Ministerio Público Fiscal.

Emiliano Javier Lázzari
Es el tercer juez que definirá la condena. Llegó al Tribunal un año antes que Rabaia, en 2018, a partir de una decisión de la Suprema Corte de Justicia bonaerense. Lázzari forma parte del Cuerpo de Magistrados del Máximo Tribunal provincial, que se utiliza para cubrir vacantes libres por ausencia de los jueces titulares en cualquiera de las instancias judiciales.

 

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