Oliva advirtió que la reforma previsional impactará en docentes, policías y personal de salud
El senador provincial Martín Oliva manifestó su preocupación por el proyecto de reforma previsional impulsado por el Poder Ejecutivo entrerriano. El legislador sostuvo que el planteo actual reduce la discusión a una lógica meramente contable y advirtió que el ajuste recaerá directamente sobre sectores fundamentales como la educación, la seguridad y la sanidad, afectando no solo sus ingresos sino también la dinámica económica de la provincia.
Oliva subrayó que la sostenibilidad del sistema no debe construirse a costa de los trabajadores, sino mediante una defensa firme de los recursos provinciales ante el Gobierno Nacional. En ese sentido, rechazó la estigmatización del empleo público y remarcó que el Estado funciona como una red que sostiene a toda la comunidad entrerriana sin distinciones.
Uno de los puntos centrales del cuestionamiento de Oliva fue el impacto recesivo que tendría el recorte en las jubilaciones y salarios estatales. Según explicó, estos ingresos son el motor de las economías regionales:
Consumo Interno: Los sueldos de médicos, policías y docentes se vuelcan íntegramente al comercio barrial y las pymes locales.
Actividad Económica: Achicar estos ingresos implica “enfriar” el consumo, lo que debilita el entramado productivo de las ciudades y pueblos de Entre Ríos.
Esfuerzo Acumulado: El senador recordó que estos sectores ya afrontaron incrementos en sus aportes y una pérdida sostenida del poder adquisitivo, por lo que una nueva carga resulta “injusta y peligrosa”.
Para Oliva, la reforma previsional define qué tipo de provincia se pretende construir. El senador planteó una disyuntiva entre un modelo de ajuste y división, o uno que reconozca el valor de los trabajadores públicos como parte esencial del motor económico. “No hay sostenibilidad posible que se construya sobre el ajuste sistemático a los mismos sectores”, puntualizó.
Finalmente, instó al Gobierno Provincial a dar una discusión integral que evite que el déficit se descargue siempre sobre los jubilados y trabajadores activos, exigiendo respuestas que prioricen la equidad social y la firmeza ante la Nación por los fondos adeudados.