La oposición exige informes sobre el impacto de los recortes del Programa Remediar en Entre Ríos
El bloque de diputados peronistas presentó un pedido de informes en la Legislatura provincial para que el Poder Ejecutivo detalle las consecuencias del desfinanciamiento del Programa Remediar. La iniciativa, impulsada por la diputada Silvia Moreno, busca precisar el alcance de los recortes sufridos desde diciembre de 2023 y conocer el plan de contingencia del Ministerio de Salud ante lo que calificaron como un “vaciamiento por goteo” de la política sanitaria nacional.
El pedido exige datos técnicos específicos sobre la frecuencia de entrega de botiquines por departamento, el listado de fármacos que salieron del vademécum y la variación en las cantidades recibidas. Asimismo, los legisladores interpelaron a la Provincia para saber si debió utilizar fondos propios para comprar los medicamentos que la Nación dejó de enviar y, en ese caso, qué partidas presupuestarias se vieron afectadas.
La diputada Moreno advirtió que el Gobierno Nacional habría dado por finalizado el programa el pasado 1° de abril de 2026, reemplazándolo por una estrategia “focalizada”. Según la legisladora, este nuevo esquema reduciría la cobertura a solo tres medicamentos cardiovasculares, abandonando la provisión de:
Antibióticos y analgésicos: Esenciales para el tratamiento de infecciones y cuadros agudos.
Medicación pediátrica: Insumos básicos para los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS).
Tratamientos crónicos: Fármacos para enfermedades no transmisibles que anteriormente garantizaban la equidad territorial en parajes rurales y comunas.
Desde la oposición remarcaron que el Remediar, creado en 2002, funcionó durante más de dos décadas como el sostén del sistema público para quienes cuentan con cobertura exclusiva del Estado. Moreno señaló que el desmantelamiento del programa “pone en jaque la capacidad de respuesta” de los hospitales de menor nivel y los centros de salud barriales.
Finalmente, la legisladora subrayó que el acceso a la salud es un derecho humano consagrado en la Constitución Provincial que no puede ser supeditado a metas de ajuste fiscal. La preocupación central radica en la “doble vulnerabilidad” que asume Entre Ríos al tener que afrontar costos millonarios para suplir la carencia de una de las políticas federales más exitosas de la historia sanitaria argentina.
