La Asociación de Pastores Unidos de Concordia (APUC) presentó un reclamo formal exigiendo que se declare la Emergencia Alimentaria y en Salud Mental. Mientras los políticos archivan pactos, la realidad en los barrios expone un escenario de pobreza extrema, hambre y desidia estatal.

La crisis social en Concordia ya no se puede tapar con gacetillas de prensa ni discursos de ocasión. Esta semana, la gestión del intendente Francisco Azcué recibió un golpe de realidad de alto impacto político: la Asociación de Pastores Unidos de Concordia (APUC) le puso la firma a un documento que describe un panorama desgarrador en los barrios más vulnerables de la ciudad y exige medidas urgentes.

El escrito, que también aterrizó en los escritorios del Concejo Deliberante, no anda con rodeos y pide la declaración inmediata de la Emergencia Alimentaria y la Emergencia en Salud Mental.

La foto que la política no quiere mirar

Los sectores religiosos y sociales, que son los que verdaderamente patean el barro todos los días, dejaron plasmada en papel una realidad que duele e indigna a partes iguales. El párrafo más crudo del documento de la APUC funciona como una trompada al mentón de la dirigencia:

“Cada vez son más los casos de personas en situación de calle, particularmente en los puntos de acopio de residuos donde familias enteras acuden para saciar su hambre”.

¿Cómo se explica que en una ciudad rodeada de recursos haya gente comiendo de la basura? Para los pastores, la respuesta es clara: las políticas públicas actuales son un parche minúsculo frente a la magnitud del desastre, y le recordaron al municipio que “garantizar el bienestar social es una responsabilidad estatal indelegable”.

Promesas para la foto y el archivo

El documento no solo advierte sobre un cóctel explosivo de desempleo, trabajo informal, adicciones y suicidios, sino que también expone la hipocresía de la clase política. Los pastores reclamaron por los famosos compromisos firmados por los dirigentes locales (como el Pacto de San Antonio de Padua o el Pacto de Julio), esos mismos acuerdos que sirven para la foto en época de campaña pero que hoy juntan polvo en algún cajón municipal mientras la pobreza estructural se profundiza.

Además, exigieron un relevamiento nutricional urgente para conocer el estado real de la malnutrición infantil y de los adultos mayores, advirtiendo que los resultados revelarían “un panorama alarmante” con daños cognitivos irreversibles.

El mensaje final de la APUC para el Ejecutivo y el Legislativo local fue tajante: poner plata en los barrios para frenar el hambre no es un gasto que arruine ninguna planilla de Excel, es “una inversión social necesaria y un acto de justicia”.

Queda por ver si desde el Palacio Municipal acusan recibo de esta alerta roja o si prefieren seguir mirando para otro lado mientras la ciudad se resquebraja desde sus cimientos.