LA JUSTICIA IMPUTÓ A MURÚA, PARTARRIÉ Y QUIROGA EN LA CAUSA POR EL DESVÍO DE FONDOS EN COMEDORES ESCOLARES
La Justicia avanzó en la investigación por el presunto desvío millonario de fondos destinados a comedores escolares de Concordia y formalizó imputaciones contra la ex coordinadora departamental de comedores, Silvina Murúa; los empresarios Iñaki y Martín Partarrié; y Julián Quiroga, señalado como colaborador informal dentro de la estructura investigada.
La medida se enmarca en el legajo judicial por presunto peculado, negociaciones incompatibles con la función pública y asociación ilícita, una causa que investiga maniobras vinculadas al manejo de fondos y alimentos destinados a escuelas del departamento Concordia.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público Fiscal, la operatoria habría comenzado a desplegarse desde principios de 2024 mediante presiones y direccionamiento de compras hacia determinados proveedores. En ese contexto, aparecen mencionadas las firmas Ahora Voy SRL y Partarrié Distribuciones SAS, vinculadas a los empresarios imputados.
Según consta en la causa, más de treinta responsables de tarjetas SIDECREER habrían sido inducidos a realizar compras exclusivamente con determinados distribuidores. La hipótesis judicial sostiene además que existían maniobras relacionadas con entrega de mercadería de menor calidad, faltantes de alimentos y manejo irregular de dinero.
Los fiscales Tomás Tscherning y Daniela Montangie consideran que existen elementos suficientes para profundizar la investigación sobre un esquema presuntamente coordinado entre funcionarios, allegados y proveedores privados.
En el expediente también se menciona a Julián Quiroga, quien pese a no ocupar un cargo formal, habría tenido acceso a oficinas de la Coordinación de Comedores y participación en movimientos de dinero y mercadería cuyo destino aún se investiga.
La causa tomó impulso luego de auditorías realizadas entre marzo y abril de 2025 en al menos 37 escuelas de Concordia. Esos controles detectaron diferencias entre mercadería facturada y entregada, con un perjuicio económico estimado en más de 100 millones de pesos.
Además de las imputaciones, la investigación ya había incluido allanamientos en domicilios particulares y depósitos vinculados a las empresas involucradas.
La ex funcionaria provincial había sido apartada preventivamente de su cargo mientras avanzaban las actuaciones judiciales y administrativas.
(Fuente: Diario Junio)
