Impulsan un proyecto de ley para garantizar un mínimo de 25 horas semanales de clase en escuelas públicas
La diputada nacional entrerriana Blanca Osuna (Partido Justicialista) presentó un proyecto de ley para crear el programa nacional “Universalización de la jornada extendida o completa”. La iniciativa legislativa buscó dar rango de ley a la ampliación de la carga horaria en las escuelas públicas primarias y secundarias de todo el país, garantizando un piso mínimo de 25 horas semanales de clase con el objetivo de fortalecer los aprendizajes en áreas críticas como Lengua y Matemática.
La propuesta técnica estableció que el Estado nacional, a través de la Secretaría de Educación (dependiente del Ministerio de Capital Humano), asumirá el financiamiento de hasta el 80% del costo salarial bruto de los docentes, equipos directivos y personal necesario para sostener la extensión horaria durante un período de cinco años. En el nivel secundario, el programa incorporó metas específicas orientadas a mejorar la convivencia escolar, abordar la salud mental y aceitar la articulación de los jóvenes con el mundo laboral.
Continuidad institucional y datos de cobertura
En los fundamentos de la norma, Osuna remarcó la necesidad de consolidar una política pública que se inició en 2022 bajo el ala del Consejo Federal de Educación y que actualmente posee vigencia regulatoria hasta 2027. La legisladora aportó estadísticas que reflejaron el impacto de la extensión horaria antes del actual período de reconfiguración estatal:
Evolución del sistema: Previo a esta política, apenas el 22% de las escuelas argentinas contaba con jornada extendida, mientras que el 78% restante funcionaba bajo el esquema tradicional de 20 horas semanales.
Crecimiento: Hacia finales de 2023, el 83% de los establecimientos educativos del país logró alcanzar las 25 horas semanales de clase, registrándose un incremento del 50% en la cantidad de escuelas con jornada completa o extendida.
Alcance federal: Un total de 22 jurisdicciones firmaron convenios en este marco. El programa abarcó a 11.731 escuelas de gestión estatal y benefició de forma directa a 1.923.921 estudiantes, lo que representó el 62% de la matrícula escolar primaria con financiamiento nacional.
El debate por el financiamiento educativo
El proyecto ingresó a las comisiones de la Cámara de Diputados en un contexto de fuerte debate sobre los recursos destinados a la educación pública y la ciencia. Al exigir que el Poder Ejecutivo nacional asuma la mayor parte del costo de los salarios por la quinta hora de clase, la iniciativa buscó blindar el presupuesto educativo frente a las políticas de ajuste, impidiendo que las provincias deban absorber la totalidad del gasto operativo en un momento de marcada vulnerabilidad financiera para las administraciones del interior.
