Suizos se pronuncian sobre una iniciativa xenofóbica. Todo vale para demonizar al extranjero

Los vientos antinmigración que soplan con fuerza en Europa también
azotan a Suiza. El próximo 14 de junio sus ciudadanos deberán
pronunciarse sobre una iniciativa legislativa para controlar el número
de extranjeros residentes.

Sergio Ferrari
Journaliste RP/periodista RP

En caso de aprobarse, esta ley provocaría un sismo político tanto a
nivel nacional como en sus futuras relaciones con el resto del
continente del cual depende. Si se rechazara en las urnas, la
ultraderecha europea perdería una batalla de importancia simbólica. De
una u otra manera, el resultado de esta votación podrá leerse en clave
de continente europeo.

Propuesta de la ultraderecha helvética

“¡No a una Suiza de 10 millones!”, un proyecto bautizado como
“Iniciativa de Sostenibilidad”, apunta a establecer este techo
poblacional máximo de aquí al año 2050. Promovido por el Partido
Popular Suizo (PPS), también denominado Unión Democrática de Centro
(UDC, por sus siglas en francés), es el partido de más peso a nivel
electoral de Suiza, con el 30% del electorado, y con un programa
euroescéptico, soberanista y de derecha que lo acerca estrechamente a
las fuerzas políticas más reaccionarias del continente.

Si antes del año 2050 la población suiza -que actualmente es de 9.1
millones de personas- superara el umbral de los 9.5 millones, esta
nueva ley autorizaría al Ejecutivo y el Parlamento para que adopten
las medidas necesarias a fin de frenar el crecimiento, comenzando con
la restricción de nuevos ingresos por asilo y reunificación familiar.
Si nada de esto fuera suficiente, en una segunda fase Suiza debería
renegociar los acuerdos internacionales que facilitan la inmigración
regular. Y si esto tampoco alcanzara y se superaran los 10 millones,
debería rescindir su actual acuerdo con la Unión Europea (UE) sobre la
libre circulación de personas. De llegarse a este punto, Suiza estaría
comprometiendo su participación en los convenios migratorios de
Schengen y Dublín y, por consiguiente, la estrecha colaboración en
materia de asilo y seguridad de que goza en el presente.

Por efecto dominó, si estos convenios cayeran, los demás tratados
bilaterales de cooperación Suiza-Unión Europea también podrían quedar
sin efecto. El resultado sería una suerte de “Brexit a la helvética”
(Britain-exit, o salida británica), lo cual reactualizaría el
escenario vivido por la escisión de Gran Bretaña de la Unión Europea
en junio de 2016.

La diferencia con dicha fractura es que, hasta esa fecha, los
británicos eran miembros de la UE, en tanto que Suiza nunca se integró
formalmente a la misma. Su relación con este bloque continental
consiste más bien en un tramado de tratados bilaterales, comenzando
con los económicos. La UE es su principal socio comercial y también en
todo lo que hace a intercambios científico-culturales, defensa,
control del espacio aéreo, colaboración policial y militar, aduanas y
migración, por citar solo algunas áreas de incidencia. Sin estas
relaciones, Suiza se transformaría en una isla continental amurallada
de difícil acceso y, por lo tanto, profundamente debilitada.

En dicho escenario sería obligatorio, por ejemplo, tramitar visas para
transitar de Suiza hacia Alemania, Austria, Francia e Italia, y
viceversa. Casi inimaginable en un país de apenas 41 mil kilómetros
cuadrados, más pequeño que la Comunidad de Aragón, en España, y cuatro
veces menor que Uruguay, en América del Sur, y con casi 2 mil
kilómetros de fronteras comunes con sus vecinos europeos. Su capital,
Berna, se encuentra a 80 kilómetros en línea recta de su frontera más
cercana con Francia, a 150 de la italiana más próxima y apenas a 100
de la alemana, lo cual habla elocuentemente de la estrecha
interdependencia suiza-europea.

En contra de esta iniciativa se han expresado el ejecutivo y el
parlamento helvéticos, así como los principales partidos, desde los
socialistas y los verdes hasta los radicales-liberales (derecha
empresarial pro-europea) y el autodenominado Centro, de origen
democratacristiano. También se oponen todos los sindicatos y las
organizaciones patronales.

Impactos negativos

En su edición del 15 de mayo, el cotidiano liberal suizo Neue Zürcher
Zeitung publicó un análisis muy afinado del impacto concreto que
tendría la aprobación de esta propuesta legislativa.

“Dado que la mayoría de los inmigrantes están en edad laboral”,
argumenta, “la iniciativa dejaría huellas inmediatas en el mercado del
trabajo”. ¿La razón? “A más tardar en 2050, el número de asalariados
sería menor. Sin iniciativa, se puede calcular para entonces 5
millones de trabajadores; con iniciativa, probablemente entre 200 mil
y 300 mil menos”. El análisis concluye que “El número de trabajadores
se estancaría, mientras que el número de jubilados aumentaría
considerablemente, afectando sensiblemente todo el sistema de
pensiones del país, que verían perder preciosos recursos”.

En principio, los cálculos son simples, subraya Neue Zürcher Zeitung.
Si se aprueba la “Iniciativa de Sostenibilidad”, entrará en vigor de
inmediato un límite poblacional más alto que el actual. Para cumplir
con el objetivo propuesto para el año 2050, la inmigración promedio
por año tendría que disminuir de 67 mil a 37 mil personas (diferencia
entre los inmigrantes que llegan y los que se van). Pero esto
“produciría un caos”, como lo ha denunciado la progresista Unión
Sindical Suiza, principal confederación de trabajadores del país, ya
que acarrearía un impacto catastrófico en sectores muy sensibles, como
el de la salud y el de asistencia a personas de edad.

Argumentos antieuropeos

El Partido Popular Suizo (PPS) sostiene que el aumento “descontrolado”
de la inmigración en los últimos años ha provocado una situación de
“estrés por densidad”. Con argumentos tan simplistas como
reduccionistas, algunos reales otros inventados, el PPS habla con
alarma de trenes y carreteras llenas, un mercado inmobiliario
sumamente tensionado, incremento de la criminalidad, altos costos
sociales ligados al creciente número de solicitantes de asilo y de
trabajadores extranjeros, entre muchos otros. En términos prácticos,
esta concepción pretende pasar por alto el dilema de un país donde la
mano de obra local ya no alcanza para proveer todos los servicios que
hacen falta, de allí la necesidad de abrir las puertas al inmigrante.

Mano de obra local insuficiente

Los inmigrantes juegan un papel clave en el mercado laboral suizo:
construyen carreteras y edificios, están muy presentes en los
servicios de gastronomía, atienden pacientes en los hospitales, son
mano de obra imprescindible en hogares de ancianos y residenciales y
apuntalan el sector informático, por citar solo algunos sectores
demandantes.

Un análisis publicado recientemente en la revista Panorama Suizo,
constata que a fines de 2025 trabajaban en Suiza aproximadamente 1.9
millones de extranjeros calificados, aproximadamente el 35 % de los
asalariados del país, cuando apenas 20 años atrás este porcentaje era
de tan solo el 25 %. Este aumento ocurre en momentos en que continúa
disminuyendo la población activa nacional porque la generación de los
baby boomers (es decir, los nacidos entre 1946 y 1964) ya se ha
jubilado o está a punto de hacerlo. Por otra parte, no hay suficiente
relevo generacional debido a la baja tasa de natalidad.

El 80 % de la mano de obra extranjera proviene de países de la UE y el
Espacio Económico Europeo (EEE), que Suiza integra juntamente con
Noruega, Islandia y Liechtenstein. Cerca de 1 millón de trabajadores
ha llegado a Suiza desde que se puso en marcha el acuerdo de libre
circulación de personas en 2002 lo que posibilitó que las empresas
suizas accedan libremente al mercado laboral europeo.

Este mismo análisis señala que también la demanda de personal
calificado permanece alta en el sector de la salud en pleno auge, como
lo evidencia la creación de 188 mil nuevos empleos entre 2010 y 2020.
Alrededor de un tercio de estos empleos fue cubierto por trabajadores
de países de la UE y el EEE. En las regiones suizas del Tesino y del
lago de Ginebra, la proporción de profesionales extranjeros es,
significativamente, más elevada. Numerosos trabajadores cruzan cada
día la frontera desde Italia y Francia para trabajar en los centros de
salud locales.

Por otra parte, más del 40 % de los médicos que hoy ejercen en Suiza
proceden del extranjero (la mitad, de Alemania). Para reducir esta
dependencia, la Confederación Helvética y sus cantones aumentaron en
los últimos años el número de plazas en sus facultades de medicina.
Sin embargo, estos esfuerzos solo alcanzan para cubrir parte de la
demanda, como lo revelan los datos de 2024: mientras que unos 1.400
futuros médicos obtuvieron su diploma federal, ese mismo año se
revalidaron más de 3.200 títulos extranjeros. Sin estos profesionales
extranjeros, la atención médica primaria y especializada viviría una
marcada penuria.

En el sector de la enfermería, los profesionales suizos tampoco logran
cubrir todas las vacantes. Desde la pandemia de COVID 19, que les
impuso a los hospitales y al personal médico enormes presiones, la
escasez de personal calificado se ha agravado. Se estima que, de aquí
al año 2030, harán falta unos 30.500 profesionales de enfermería y
cuidado de la salud en hospitales y residencias de ancianos, así como
para la atención domiciliaria con personas dependientes
(https://www.swisscommunity.org/es/news-medios/panorama-suizo/articulo/una-suiza-de-diez-millones-de-habitantes-poco-funcionaria-sin-la-mano-de-obra-extranjera).

Costos elevados, muy poco alivio

Aun cuando esta potencial restricción inmigratoria podría aportar
cierto alivio, sobre todo en el mercado inmobiliario, la
infraestructura y el medio ambiente, casi seguramente podría acarrear
consecuencias negativas para la economía y las relaciones bilaterales
de Suiza con la UE. Tal es la principal conclusión de un estudio
externo comisionado por la Secretaría de Estado de Migración y
publicado la segunda semana de mayo.

Todo indica que los beneficios concretos de esta iniciativa, de
concretarse, podrían ser considerablemente menores que el costo que la
misma podría acarrear, especialmente en términos de recaudación
fiscal. En efecto, los ingresos fiscales disminuirían drásticamente
debido a los problemas estructurales derivados del envejecimiento de
la población y la escasez de mano de obra calificada. Y el Sistema de
Seguro de Vejez y Supervivencia (beneficios de jubilación y pensiones)
se deterioraría gradualmente, con déficits anuales cada vez más
abultados. (https://www.admin.ch/fr/newnsb/zG4kVnPQnZpTTLeN2fUYe).

El cotidiano bernés Der Bund retoma este estudio y señala que, de
aplicarse la reducción poblacional propuesta, hacia el año 2075
estarían faltando casi 6 mil millones de francos suizos (más de 7 mil
millones de dólares) en las cajas del Estado debido a una severa
reducción de aportes jubilatorios. Por su parte, los principales
sindicatos argumentan que esa situación obligaría a aumentos
significativos de impuestos.

Para su aprobación, la iniciativa del 14 de junio necesita el apoyo
mayoritario del electorado del país (el 50% más uno), así como la
aprobación en la mitad de sus 26 cantones. Y a tres semanas de las
urnas, las encuestas hablan de una paridad en la intención de voto.

Los promotores de extrema derecha han recurrido a argumentos
populistas. Por ejemplo, hablan de “sostenibilidad”, lo cual les
permite integrar a su retórica conceptos propios del vocabulario
ecologista o social demócrata con el propósito de encubrir, aunque sin
lograrlo totalmente, la radicalidad xenofóbica de sus postulados
fundamentales. Desde la izquierda advierten que si se aceptara la
iniciativa se rompería con Europa favoreciendo así la política de
debilitamiento de Europa que desde su asunción promueve el presidente
norteamericano Donald Trump.

Sin duda, la repercusión continental que podría tener un voto a favor
sería significativa. Aunque con diferencias minúsculas de matices, la
extrema derecha suiza pregona las mismas banderas que enarbolan, entre
otros, Vox, en España; la Agrupación Nacional de Marine Le Pen, en
Francia, o los partidos de extrema derecha en Italia, Alemania, Gran
Bretaña y Hungría, entre otras naciones. Es decir: nacionalismo
exacerbado; resistencia a cualquier cambio social; manipulación del
miedo social en situaciones de inestabilidad, como la actual, y
rechazo del multiculturalismo, la diversidad y el propio armado
institucional de la Unión Europea. Todo esto, sintetizado en una
premisa consensual única: la de responsabilizar “al otro”, el
extranjero, por todos los “males” de la propia sociedad. Un postulado
tan simplista como peligroso que viene ampliando a pasos agigantados
el capital electoral de la ultraderecha xenofóbica europea.